En mesa de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma constitucional en materia de designación del Fiscal General, el diputado José Huerta Aboytes del Partido Revolucionario Institucional propuso que el aspirante al cargo no haya sido funcionario de segundo o primer nivel de los tres Poderes del Estado y organismos autónomos.
En la mesa convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI propuso una reforma constitucional que en lo sustancial establezca que el Ministerio Público se organice en una Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, cuya función será la investigación científica y la persecución efectiva de los delitos, mismos que serán plasmados en su programa de trabajo.
“Lo que el Grupo Parlamentario del PRI ha sostenido es la necesidad de realmente procurar el fortalecimiento de las instituciones, para realizar una persecución de los delitos, para lo cual se requiere una Fiscalía autónoma, que sea una institución que tenga la confianza de los ciudadanos”, destacó.
Agregó que no están de acuerdo en el requisito de que el aspirante deba tener 5 años de experiencia en la investigación de los delitos, que se plantea en la propuesta del Gobernador anterior, porque pareciese un traje a la medida para los perfiles exclusivamente de la Procuraduría de Justicia, cuando se debería contemplar a profesionistas o juristas, que no necesariamente hayan laborado en la Procuraduría de Justicia del Estado.
Así también, para ser Fiscal General del Estado se requiere no haber sido condenado por delito doloso, contar con conocimiento legal sobresaliente, experiencia relevante y reconocida trayectoria vinculada a la investigación criminal.
Capacidad para el manejo de administración de recursos humanos y financieros, no haber sido funcionario de segundo o primer nivel de los tres Poderes del Estado ni de Organismos Públicos Autónomos; gozar de buena reputación personal y laboral, comprometido con los derechos humanos, con antecedentes probos de calidad moral y honradez, independencia e imparcialidad, transparencia en la actuación funcional, y compromiso con los valores democráticos.