Para fortalecer la democracia y garantizar una mayor equidad en los procesos electorales, el Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guanajuato. La propuesta busca prohibir la reelección inmediata de autoridades locales y frenar el nepotismo en cargos de elección popular.
La iniciativa, presentada este miércoles ante el Congreso local, plantea que diputadas y diputados del Congreso del Estado, así como integrantes de los 46 ayuntamientos de la entidad, no puedan reelegirse para el siguiente periodo inmediato.
Además, se propone impedir que familiares de legisladores, funcionarios municipales o del titular del Poder Ejecutivo estatal puedan postularse a cargos de elección popular, en un esfuerzo por cerrar el paso a prácticas de favoritismo político.
La diputada Susana Bermúdez Cano, quien presentó la propuesta, afirmó que esta reforma busca armonizar la legislación estatal con los recientes cambios realizados por el Congreso de la Unión en materia de reelección y nepotismo.
“Esta iniciativa no sólo atiende una obligación constitucional, sino que además promueve la renovación constante del gobierno y garantiza condiciones de igualdad en la contienda electoral”, sostuvo.
De ser aprobada, la reforma entraría en vigor a partir del año 2030, lo que permitiría su aplicación a partir de los procesos electorales locales de ese año.
Según la legisladora panista, este plazo busca brindar certeza jurídica a la ciudadanía y a los actores políticos.
“Desde el Grupo Parlamentario del PAN creemos firmemente en fortalecer nuestra democracia mexicana y asegurar que los cargos de elección popular sean ocupados por personas con las capacidades y méritos necesarios para desempeñarlos. Los retos están ahí para que cada persona, sin importar partido político, color o latido del corazón, pueda ejercer su derecho a ser electa y vivamos una democracia plena”, expresó Bermúdez Cano.
La propuesta fue respaldada también por representantes del PRD, quienes coincidieron en la necesidad de cerrar espacios a prácticas que vulneren la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.