En el Congreso del Estado de Guanajuato fue aprobada la Ley de Educación Superior, con el objetivo de disminuir la desigualdad en cuanto al acceso y calidad de la educación superior para todas las personas.
Con esta Ley, la educación superior en el Estado, deberá propiciar la formación de las personas de manera integral, para que cuenten con conocimientos, habilidades y competencias sólidas para ejercer su profesión.
Que esto facilite la incorporación de estudiantes a los sectores productivo y laboral, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo de la comunidad estudiantil.
Además, estipula que las autoridades educativas deben reconocer los estudios realizados en otras instituciones educativas.
También que las escuelas cuenten con modelos educativos cortos que complementen la oferta ordinaria y den mayor posibilidad a los estudiantes de avanzar y cumplir con los créditos definidos en su programa educativo.
Destaca la Ley que las acciones que se realicen en materia de educación superior se basarán en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión.
Deberán aplicar una perspectiva de juventudes, de género, así como de interculturalidad, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas afromexicanas y migrantes, a las personas con discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
También menciona la implementación de un registro digital que permita dar seguimiento a los expedientes de los estudiantes y la ejecución de la movilidad de los estudiantes con otras instituciones de educación superior, para fortalecer su perfil de egreso, con la finalidad de que la calificación obtenida será registrada en el expediente educativo y reconocida por la institución educativa de origen o receptora.
La nueva ley también contempla que las instituciones podrán emitir microcredenciales con la finalidad de acreditar que se cuentan con habilidades específicas que les permitan adquirir competencias, habilidades, conocimientos o capacidades que son adecuadas para al ejercicio profesional y desarrollo personal.
Las universidades e instituciones públicas de educación superior con el apoyo de las autoridades educativas federal y del Estado, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines, ni las finanzas institucionales.
El diputado Aldo Márquez Becerra externó que los diversos impactos positivos se encuentra el tener modelos flexibles para que la comunidad estudiantil pueda acreditar los programas con aprendizajes obtenidos en su proceso educativo; se contemplan esquemas ágiles para el reconocimiento a través de equivalencias, competencias y cursos auto sugestivos acreditados mediante microcredenciales; así como la preservación de las lenguas originarias de la entidad con el propósito de difundir la identidad de los pueblos y comunidades indígenas.
Y enfatizó que la garantía al derecho universal a la educación superior implica ofrecer una mejor calidad de vida con la formación de profesionales competentes, personas autónomas, colaborativas y que dentro de sus estudios aprovechen la experiencia obtenida para acceder a mejores oportunidades laborales y a su vez convirtiéndose en agentes de cambio para la ciudadanía y para el estado