El Grupo Parlamentario del PRI presentó hoy una iniciativa para agregar al procedimiento contencioso administrativo de Guanajuato la figura de la ‘litis abierta’, que consiste en la posibilidad de que el gobernado sea escuchado para defenderse y a tener un juicio justo.
Proponen adicionar un artículo 266 Bis al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar al gobernado el ser oído para defenderse, reclamar, alegar y probar sus legítimas pretensiones frente al juzgador.
En tribuna, el diputado José Huerta Aboytes destacó que en un sistema garante de los Derechos Humanos, la protección procesal del individuo ocupa un lugar preponderante, no obstante, los derechos fundamentales se ven infringidos, lesionados o simplemente matizados y limitados, por normas que mediante la prohibición impidan a la persona tener un juicio justo, o bien, por medio de alguna disposición imperfecta, limiten el pleno goce del derecho a ser escuchado.
Esto tiene qué ver, agregó el legislador del PRI, con la falta de disposición normativa referente al principio de litis abierta en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa.
Tan es así, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en fecha 11 de junio de 2018, destacó dicha circunstancia al establecer que «el proceso contencioso administrativo que se lleva a cabo ante el tribunal de justicia administrativa del estado de Guanajuato, es de litis cerrada, esto es, no opera la litis abierta.
El congresista resaltó que el principio de litis abierta consiste en la posibilidad jurídica de que el actor en el juicio contencioso administrativo pueda hacer valer, de manera simultánea, motivos de inconformidad o agravios planteados en el recurso y conceptos de impugnación contra el acto reclamado en la demanda de nulidad.
Mientras que la litis cerrada veda toda posibilidad de que la parte actora en el contencioso administrativo haga valer argumentos ya planteados en el recurso.
El diputado José Huerta apuntó que con la incorporación de esta figura a la legislación adjetiva administrativa de Guanajuato, se corrige una deficiencia en el sistema jurídico estatal y se hace posible que los administrados tengan un horizonte de oportunidades más amplio, para hacer valer sus derechos frente a la administración pública.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.