El Grupo Parlamentario del PRI presentó hoy dos iniciativas para ajustar y armonizar el marco legal, para que el informe de Gobierno que rinde el Ejecutivo Estatal sea un real ejercicio de rendición de cuentas.
La primera iniciativa plantea la adición de un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, que establece que: ‘En el informe de gobierno anual, el titular del ejecutivo comunicará el estado que guarda la administración pública, en el que incluirá los avances o, en su caso, retrocesos de los objetivos y de las metas previstas en su programa de Gobierno’.
El titular del Ejecutivo del Estado tendrá la obligación de incorporar y actualizar el Programa de Gobierno cuando sea necesario, esto de acuerdo a los resultados que emanen del análisis del informe que año con año presenta.
En tribuna, el diputado José Huerta Aboytes, resaltó que el informe debe ser presentado al Congreso del Estado de una manera responsable y productiva; por estas razones, se ha insistido en la necesidad de que contenga un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo; basado en la evaluación del grado de avance de los objetivos y metas establecidas en su Programa de Gobierno.
“Actualmente la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato no establece cómo se debe presentar el informe de gobierno, situación que da pie a que en lugar de ser un informe con enfoque de la presentación del estado que guarda la administración pública con objetivos y metas cumplidas, con objetivos y metas no cumplidas, o en su caso, con objetivos y metas en situación de retroceso, por el contrario se vuelve un instrumento, en el cual, nos pintan un Estado color de rosa en el que todo va avanzado de manera perfecta; situación que los ciudadanos saben perfectamente no es cierta”.
La segunda iniciativa, que impacta en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, proyecta la adición de un artículo 50 Bis y tiene como objetivo que ante el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el informe que rinde anualmente el Gobernador se puedan imponer faltas administrativas no graves a los servidores públicos responsables de atender las tareas y acciones vinculadas con su ejercicio público acordes a dicho informe.
En tribuna, el diputado Héctor Hugo Varela Flores, destacó que para el GPPRI resulta de vital importancia impulsar las condiciones constitucionales que permitan darle contenido concreto al Informe de Gobierno; hacer posible la evaluación objetiva de los avances y obstáculos de la Administración Pública Estatal; así como, medir el grado de cumplimiento del instrumento de planeación sexenal.