El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para limitar el manejo discrecional de recursos públicos por parte del Estado.
En tribuna, la diputada Celeste Gómez Fragoso, destacó que la propuesta consiste en reducir los traspasos entre sí de dependencias y entidades, del 6.5 por ciento vigente al 1 por ciento de los presupuestos anuales de quien los otorga y de quien los recibe.
Cuando sea necesario realizar traspasos por montos superiores, se requerirá autorización del Congreso del Estado, puntualizó la legisladora.
La iniciativa del GPPRI propone reformar el primer y tercer párrafo del artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
A consideración del Grupo Parlamentario del PRI, las prácticas que generan distorsión y mal manejo de las finanzas públicas deben desaparecer y por ende, eliminar esos resabios legales.
Con las condiciones jurídicas actuales que permite el artículo 62 de la ley en comento, provoca un presupuesto no estable; origina un contexto presupuestario incierto, lo cual va en contra de los principios de disciplina administrativa y financiera.
El hecho de que la Ley vigente para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos permita traspasos por un monto equivalente al 6.5% de los presupuestos anuales de quien los otorga y quien los recibe, y sólo cuando se rebase este monto, se requiera autorización del Congreso del estado, genera indisciplina administrativa y presupuestaria y posibilidad de malas prácticas, destacó la diputada.
El porcentaje actualmente previsto para estos traspasos se ha convertido, en particular por parte del Poder Ejecutivo del Estado, en la posibilidad de contar no con una caja chica que permita la sana reconducción presupuestal sino en la caja negra que abre la posibilidad de tener traspasos prácticamente de “cielo abierto” para el manejo discrecional de los recursos públicos.
Los responsables y encargados del gasto en la administración pública estatal mantienen el monopolio y la discrecionalidad en lo que se refiere a la función de contabilidad y control del gasto público en sus dependencias y entidades.
La actual práctica no involucra al Legislativo en la revisión de las justificaciones de traspasos de montos que no excedan el 6.5% de los presupuestos anuales, lo excluye.
Con lo anterior, el presupuesto asignado a la administración pública estatal, por los montos reales que para este año se precisan y que consisten en $58,535’898,509.69 se convierte no sólo una caja chica, sino en una ‘caja negra’ con un manejo a su antojo de 3,804´833,403.12 pesos, que opera el propio Poder Ejecutivo, a través de su Secretaría de Finanzas.
“Por ende, resulta necesario, útil y efectivo para lograr esta disciplina, reducir al 1 por ciento el margen de traspasos de montos de los presupuestos anuales sin que sean autorizados por el congreso del estado”, apuntó la diputada Celeste Gómez.