Hay cifras que nos obligan a detenernos. De enero a junio de este año, en Guanajuato, 100 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso. En ese mismo periodo, 13 casos fueron registrados como feminicidio.
La diferencia es enorme. Y no, estos números por sí solos no nos permiten decir que las otras 87 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Pero sí nos obligan a hacernos una pregunta: ¿Estamos investigando correctamente cada muerte violenta de una mujer?
Ahí está, para mí, una de las razones más importantes para discutir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. La propuesta plantea algo que puede parecer sencillo, pero que cambia de fondo la manera de investigar: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como posible feminicidio y será la evidencia la que permita descartarlo.
Parece un cambio de procedimiento, pero es mucho más que eso. Es decidir que, frente a la muerte violenta de una mujer, el Estado no puede comenzar descartando la violencia de género. Tiene que investigarla. Tiene que mirar el contexto, los antecedentes, las relaciones, las circunstancias de la muerte y todo aquello que pueda revelar las razones de género detrás de ella.
Porque una investigación también puede equivocarse por lo que pregunta, pero también por lo que deja de preguntar.
Guanajuato nos pone frente a esa realidad. Cien mujeres asesinadas y 13 feminicidios registrados no son solamente números en una gráfica. Son una razón para preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para que ninguna muerte violenta de una mujer sea investigada con una mirada incompleta.
Por eso las mesas de diálogo del próximo 18 de agosto, en la Casona de Xicoténcatl, son tan importantes. Esta ley no puede construirse solamente desde los escritorios del Senado, necesitamos escuchar a especialistas, académicas, organizaciones, autoridades, defensoras de derechos humanos y, sobre todo, a las familias que han vivido en carne propia las fallas del sistema. La intención es que sus experiencias y propuestas ayuden a construir una ley que realmente funcione cuando más se necesita.
México tiene hoy la oportunidad de establecer un criterio común para todo el país y dejar atrás las diferencias que existen entre las legislaciones estatales. Pero una ley no vale por lo que dice en el papel, sino por lo que logra cambiar cuando una mujer no vuelve a casa.
Y quizá ahí está el verdadero sentido de esta ley: que ninguna muerte violenta de una mujer vuelva a ser investigada desde la duda de si fue o no feminicidio, sino desde la obligación de averiguarlo.
Porque detrás de cada cifra hay una mujer que no volvió a casa y una familia que merece saber por qué.
Guanajuato nos está dando una razón para no mirar hacia otro lado. Las mesas del 18 de agosto son una oportunidad para convertir esa razón en una ley que investigue, que encuentre la verdad y que haga justicia.