En el Congreso del Estado de Guanajuato fue presentada una iniciativa para que en la entidad se establezca las causas de revocación de las autorizaciones de quienes presten servicios de seguridad privada.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia explicó que esta propuesta surge de la creciente criminalidad que ha tenido como efecto que los particulares busquen formas de protección a sus personas, familias o patrimonio, por lo que en los últimos años ha habido un aumento de empresas o personas físicas que se han dedicado a realizar la función de seguridad privada.

Añadió que, si bien se ha tratado de regular dicha función, se ha puesto énfasis en las reglas para su instalación, otorgamiento de autorizaciones, requisitos de funcionamiento, de su personal y prohibiciones legales, así como un sistema de sanciones, en el cual si bien existe la sanción de revocación de la autorización no se establecen las causas.

La diputada argumentó que plantean incorporar las causas para revocar la autorización, entre ellas en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades; incorporar personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente; se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones otorgue a la autoridad documentación o información falsa; negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada; se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito.

De igual manera, cuando se localicen en inspecciones o aseguren por las autoridades armas no autorizadas, registradas o de exclusivo del ejército al personal de la institución de seguridad privada; se utilicen recursos de procedencia ilícita para el funcionamiento de la función auxiliar de seguridad privada; y el personal utilizado para la prestación del servicio, participe en la desaparición forzada de personas.

Finalmente, enfatizó que al incorporar esos preceptos se otorga certeza jurídica a  las empresas para que estén enterados de cuáles son las causas por las que su autorización puede ser revocada por la autoridad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.