Este martes, la zona de Playa Las Cocinas amaneció con presencia de la policía estatal resguardando obras que se realizan prácticamente a un metro de la playa, en medio de un conflicto que ha escalado por las protestas de habitantes, surfistas y activistas que denuncian posibles irregularidades en la construcción.

Desde temprana hora, elementos de seguridad fueron desplegados en el área para proteger la continuidad de los trabajos, luego de días de bloqueos carreteros y manifestaciones en la vía hacia Punta de Mita. Los inconformes acusan que las obras invaden la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y limitan el acceso público a la playa.

El conflicto se centra en desarrollos turísticos de alta gama como Montage Punta Mita y Pendry Punta Mita, impulsados por capital privado en una de las franjas costeras más cotizadas de la Bahía de Banderas. De acuerdo con denuncias locales, la maquinaria pesada ha sido utilizada para levantar estructuras tipo muro y bases de contención directamente sobre la arena, modificando la línea natural de la costa.

Activistas ambientales advierten que estas acciones ponen en riesgo el ecosistema, particularmente zonas de anidación de tortugas marinas. Además, recuerdan que en agosto de 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó clausuras temporales en el sitio por trabajos presuntamente ejecutados sin autorización en zona federal.

Otro de los puntos de tensión es el estatus legal de las obras. Habitantes señalan que no existe claridad sobre la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que ha generado sospechas sobre la legalidad de la construcción. En algunos casos, acusan que los desarrolladores han operado bajo figuras como “trabajos de emergencia” sin transparentar permisos.

La cercanía de las edificaciones con el mar —en algunos puntos menor a los 11 metros— ha intensificado el conflicto social, al considerarse una posible apropiación de espacios que, por ley, deben ser de uso público.

Mientras tanto, la comunidad mantiene las protestas para exigir la suspensión de las obras y la protección del acceso libre a la playa, en un escenario que refleja la creciente tensión entre el desarrollo turístico de lujo y los derechos de los habitantes locales en zonas costeras del país.