Un estudio reciente realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que 13 marcas de productos cárnicos etiquetados como “jamón” no cumplen con los requisitos mínimos para ostentar esa denominación, según lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-158-SCFI-2003.
La evaluación, publicada en la Revista del Consumidor (julio 2025), analizó un total de 40 productos comercializados como jamón en supermercados de todo el país. Entre los hallazgos más relevantes destacan excesos de agua, fécula, soya y aditivos, así como niveles de proteína inferiores a los declarados.
Etiquetas engañosas y exceso de sodio
Profeco señaló que marcas como Aurrera, Bafar, Galy Galicia, Kir, Duby y Tres Castillos, entre otras, utilizan etiquetas como “jamón de pierna” o “jamón de pavo”, pese a que sus productos no cumplen con el mínimo de 55 % de carne ni el 12 % de proteína libre de grasa exigidos por la normativa para ser considerados auténtico jamón.
El organismo también documentó irregularidades en el contenido neto, errores en el etiquetado nutrimental y presencia de altos niveles de sodio, lo cual representa un riesgo para consumidores con hipertensión, afecciones renales u otras condiciones de salud.
Recomendaciones al consumidor
Profeco aconseja al público verificar cuidadosamente las etiquetas y tomar en cuenta los siguientes criterios al adquirir este tipo de productos:
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El término “jamón” debe estar claramente especificado (evitar productos que indiquen “embutido” o “producto cárnico cocido”).
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El porcentaje de carne debe ser igual o mayor al 55 %.
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Debe contener al menos 12 % de proteína libre de grasa.
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Desconfiar de precios demasiado bajos o etiquetas con información ambigua.
Posibles sanciones y seguimiento
Las marcas involucradas serán notificadas por la autoridad y podrían enfrentar procedimientos administrativos. Además, la Profeco solicitará a las autoridades competentes, como Cofepris y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), reforzar el control sanitario y normativo de estos productos.
Asimismo, el incumplimiento del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe información falsa o engañosa, podría derivar en sanciones e incluso en el retiro de productos del mercado.