Guadalupe Taddei Zavala anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de una serie de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos millonarios y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras del organismo.
La decisión fue difundida este domingo mediante un comunicado oficial del INE, en el que Taddei informó que presentará formalmente su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.
Sin embargo, minutos después de su publicación, el instituto eliminó el documento de sus canales oficiales, sin ofrecer una explicación inmediata.
En el mensaje, la funcionaria señaló que tomó la decisión después de una profunda reflexión y con el propósito de preservar la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo electoral.
La salida anunciada ocurre después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciara una investigación por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión entre proveedores y presunta triangulación de recursos públicos.
Entre los señalamientos destacan los vínculos personales atribuidos a Taddei con empresarios que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales, particularmente José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas proveedoras del INE.
Hasta ahora, las investigaciones no han establecido responsabilidades definitivas de la consejera presidenta.
Apenas el sábado, Taddei había manifestado ante otros integrantes del Consejo General su intención de permanecer en el cargo, al considerar que los señalamientos en su contra tenían motivaciones políticas.
Guadalupe Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el organismo electoral.
Su salida se produciría cuando el instituto ya se encuentra en los preparativos del proceso electoral federal de 2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.
La renuncia abrirá un proceso para designar a quien ocupará la presidencia del INE, mientras las autoridades fiscalizadoras continúan las investigaciones sobre los contratos cuestionados.