Una denuncia por maltrato animal suele empezar mucho antes de que alguien llegue a una oficina. Empieza con un vecino que escucha, con una mujer que se detiene, con alguien que decide recoger a un animal herido y pagar una atención que quizá tampoco puede costear. Después viene la otra preocupación: encontrar quién responda. Porque entre saber que existe una ley y conseguir que una autoridad actúe puede haber una distancia demasiado larga.
En Guanajuato ya se castigan distintas conductas contra la vida y la integridad de los animales. Tenemos una ley de protección animal y, desde este año, una prohibición expresa del maltrato en nuestra Constitución local. Hay herramientas jurídicas. La pregunta que debemos hacernos es qué ocurre cuando alguien necesita que esas herramientas funcionen: quién recibe la denuncia, quién inspecciona, dónde queda el animal rescatado y quién sigue el caso hasta que haya una respuesta.
El pasado 29 de septiembre aprobamos en el Senado la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Su origen está en la reforma constitucional federal de diciembre de 2024, con la que establecimos la prohibición del maltrato y la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección y el cuidado de los animales. Ahora buscamos darle a ese mandato una organización nacional, con responsabilidades para la Federación, los estados y los municipios.
Esto importa porque una pena de prisión, por necesaria que sea, llega cuando el daño ya ocurrió. La protección también necesita llegar antes: mediante educación, esterilización, atención veterinaria, vigilancia de establecimientos y condiciones adecuadas de resguardo. Un animal puede seguir vivo y padecer hambre, enfermedad o encierro durante años. Por eso, el proyecto aprobado incorpora una visión de bienestar que considera su nutrición, su ambiente, su salud, su comportamiento y su estado mental.
Desde el ámbito federal estamos construyendo las bases para que esa protección tenga continuidad en todo el país. A Guanajuato le corresponde revisar y adecuar su legislación; a los municipios, actualizar sus reglamentos y hacer operativas sus responsabilidades. Esa tarea exige personal, instalaciones, coordinación y presupuesto. La ley debe poder encontrarse en la respuesta de una oficina, en una inspección oportuna y en un lugar seguro para el animal que acaba de ser rescatado.
Los datos publicados sobre procuración de justicia merecen atención. Un reportaje de Milenio, elaborado con información atribuida a la Fiscalía y al Poder Judicial, documentó 932 carpetas de investigación entre 2016 y 2025 y diez sentencias por maltrato animal entre 2022 y 2025. Son periodos distintos y no permiten calcular una tasa de impunidad. Sí nos obligan a pedir una explicación pública sobre el recorrido de las denuncias, las resoluciones que reciben y los obstáculos para investigar estos delitos.
Hace unos días, el gobierno estatal anunció un pacto con autoridades municipales para fortalecer el bienestar animal. Entre sus compromisos están la atención del maltrato, el seguimiento de las denuncias y la actualización de reglamentos. Habrá que darle seguimiento con la misma atención con la que se presentó: conocer sus responsables, sus plazos, sus recursos y sus resultados. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se cumplirá cada compromiso.
En el Partido Verde hemos sostenido esta causa y desde el Senado asumimos la responsabilidad de fortalecer su marco nacional. Esa responsabilidad también nos obliga a mirar lo que sucede en nuestro estado y a exigir cuentas. Los municipios ya tienen deberes de inspección, atención de denuncias y prevención; cumplirlos no puede quedar sujeto a la voluntad de cada administración ni descansar indefinidamente en el esfuerzo de las asociaciones y las personas rescatistas.
Quien se detiene a ayudar a un animal herido ya hizo una parte que merece respeto. Lo mínimo que debe encontrar después es una autoridad que conozca su responsabilidad y la ejerza. Ahí tendrá que verse el alcance de lo que estamos construyendo desde la Federación y de lo que Guanajuato se compromete a hacer: en la posibilidad de denunciar, recibir atención y obtener una respuesta sin tener que rogar por ella.