Hace unas semanas escribí sobre la urgencia de prevenir, particularmente frente al riesgo que representan las bebidas adulteradas. Hoy quiero insistir en una idea que considero fundamental: las crisis no se atienden únicamente cuando estallan; se evitan cuando existe voluntad para actuar a tiempo.
La salud mental es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y el suicidio, por su naturaleza multifactorial, exige sensibilidad, coordinación institucional y voluntad política. No basta con atender las consecuencias; debemos intervenir sobre las causas.
Por eso, desde el Senado de la República, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ha impulsado distintas propuestas para abordar este problema desde diversos frentes. En mi caso, el 26 de noviembre de 2024 presenté un exhorto para que el Congreso del Estado de Guanajuato dictaminara la Ley de Prevención y Atención del Suicidio, convencida de que nuestro estado necesita un marco jurídico que fortalezca la prevención, la detección oportuna, la atención integral y la coordinación entre las instituciones responsables.
Pero el esfuerzo no termina aqui; mis compañeras y compañeros de bancada también han presentado iniciativas que fortalecen esta visión preventiva: la creación de Redes Juveniles por la Salud Mental para detectar y acompañar oportunamente a niñas, niños y adolescentes; una reforma para prevenir y atender las afectaciones a la salud mental derivadas del uso excesivo de dispositivos electrónicos; y, recientemente, una propuesta para establecer programas permanentes de atención psicológica, protocolos de intervención en crisis y apoyo a las familias de quienes integran la Guardia Nacional.
Todas estas iniciativas parten de una misma convicción: la salud mental debe asumirse como un asunto de salud pública y atenderse desde distintos ámbitos, porque ninguna institución, por sí sola, puede enfrentar un problema de esta dimensión.
En Guanajuato, hace algunos años se argumentó que una Ley de Prevención y Atención del Suicidio no era necesaria porque ya existían programas y acciones en la materia. Sin embargo, la realidad nos obliga a evaluar si esos esfuerzos están siendo suficientes. Cuando una problemática persiste, la responsabilidad institucional no es conformarse, sino revisar, fortalecer y coordinar mejor las estrategias.
Lo mismo ocurre con otros temas que he señalado desde el Senado, como la prevención de las bebidas adulteradas. En ambos casos, el mensaje es el mismo: las políticas públicas más eficaces son aquellas que llegan antes de la emergencia.
La prevención requiere visión, trabajo conjunto y decisión política. Tal vez no siempre genera titulares, pero sí puede evitar pérdidas irreparables.
Estoy convencida de que la salud mental debe dejar de ser un tema que aparece únicamente cuando ocurre una tragedia. Debe convertirse en una prioridad permanente de la agenda pública. Prevenir también es gobernar, y esa responsabilidad nos corresponde a todas y todos.