A Gabriela, vecina del Coecillo, la visitaron con una promesa: un apoyo económico para su hija con discapacidad. Le hablaron de sensibilidad, de justicia social, de bienestar. Le pidieron su credencial de elector para “integrarla al programa”.
Dos meses después regresaron: no traían el apoyo, no traían medicinas, no traían soluciones, traían una credencial de Morena.
Gabriela ya era militante sin haberlo decidido.
Su caso no es aislado. En El Coecillo, uno de los barrios más tradicionales de León, decenas de vecinos relatan el mismo patrón: operadores que tocan puertas ofreciendo programas sociales —pensión del Bienestar, Salud Casa por Casa— y que convierten un derecho constitucional en moneda de cambio para engrosar un padrón que Morena presume de 300 mil afiliados en Guanajuato.
No lo dice el PAN, lo documentó TV Azteca. Lo dicen los propios vecinos.
La mecánica es clara: llegan a tu casa, te ofrecen un programa social que por ley te corresponde, te solicitan tu credencial de elector, te hacen firmar un formato ambiguo y días después regresan con una afiliación partidista que nunca autorizaste. Afiliaciones forzadas y confianza traicionada.
En agosto de 2025, vecinos denunciaron que hay personas recibiendo dinero por reunir diez credenciales y afiliarlas al partido. Diez credenciales como cuota. Son historias convertidas en estadística política.
Eso no es política social. Eso es clientelismo.
Morena ha convertido las reglas de operación del programa Salud Casa por Casa en una estructura de captación electoral. No es menor que la operación esté en manos de la Secretaría del Bienestar y no de la Secretaría de Salud. No es casual que utilicen padrones de beneficiarios en lugar de censos médicos abiertos a toda la población. Se gobierna con padrones, no con políticas públicas.
Y la ley es clara. Desde octubre de 2024, los programas sociales son un derecho constitucional. No pertenecen a un partido. No son propiedad de un gobierno. No se pueden condicionar.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe expresamente condicionar apoyos o servicios gubernamentales al respaldo electoral de cualquier partido o candidato. Estos actos son delitos y deben investigarse y sancionarse.
En el PAN Guanajuato ya presentamos las denuncias correspondientes para que quienes fueron afiliados sin consentimiento puedan desincorporarse. No lo hacemos por cálculo político, sino por ética, porque la gente de Guanajuato no merece afiliarse con engaños.
Porque la dignidad no se negocia, porque la credencial de elector no es una ficha de intercambio, porque los apoyos sociales no son herramientas de afiliación.
En Acción Nacional no inflamos cifras ni construimos padrones a base de engaños. Quien se suma lo hace por voluntad, por convicción y por ganas de servir.
Guanajuato merece política limpia y merece respeto, la gente no nos paga para engañar. La confianza ciudadana no se compra, se gana.