Carmen Eugenia Hernández Duarte, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) en Guanajuato, advirtió que el encarecimiento de los terrenos, los materiales y la mano de obra, junto con la falta de predios con servicios e infraestructura, limita la construcción de vivienda de interés social.

Durante el Foro CANADEVI Guanajuato 2026, la representante empresarial señaló que esta situación agrava el problema de acceso a una vivienda y puede llevar a más familias a buscar terrenos en asentamientos irregulares, donde corren el riesgo de no contar con certeza jurídica ni servicios básicos.

“Es un tema que sí es preocupante porque ha disminuido de producirse anteriormente alrededor de 10 mil viviendas, pues ahorita estamos en 2 mil 800 y eso es algo preocupante por el tema de que la gente necesita un lugar donde vivir”, expresó.

¿Por qué cada vez es más difícil comprar una casa en León?

Uno de los principales problemas es que construir una vivienda cuesta cada vez más. De acuerdo con Hernández Duarte, en algunos periodos los precios de las casas han registrado incrementos anuales de entre 10 y 12 por ciento, impulsados por el costo de los materiales, la logística, los terrenos y la mano de obra.

A esto se suma la dificultad de encontrar tierra a precios que permitan desarrollar casas económicas y que, además, cuente con infraestructura para servicios como agua potable, electricidad y vialidades.

La dirigente explicó que, aunque existen terrenos que podrían utilizarse para construir vivienda social, muchos se encuentran en la periferia de León y todavía requieren inversiones para hacerlos viables.

Por ello, algunos predios identificados presentan niveles de factibilidad que dificultan comenzar proyectos en los próximos dos años.

“Sí hay tierra, pero la que hay está cara y no te va a dar el costo para una vivienda de interés social, a menos de que entre algún otro tipo de recurso”, puntualizó.

Viviendas de 740 mil pesos frente a un programa de 625 mil

Uno de los obstáculos señalados por CANADEVI es la diferencia entre el precio al que puede construirse una casa en León y el monto previsto para el programa federal Vivienda para el Bienestar.

Hernández Duarte detalló que el precio mínimo de una vivienda en el mercado local ronda los 740 mil pesos, mientras que el programa federal contempla un valor de 625 mil pesos.

Esta diferencia complica que las empresas desarrolladoras puedan construir casas bajo las condiciones económicas del programa federal, especialmente cuando deben absorber los costos del terreno, los servicios, los materiales y los trámites.

Piden más subsidios para que las familias puedan comprar casa

Ante este panorama, la presidenta de CANADEVI Guanajuato consideró necesario fortalecer los apoyos económicos para que los trabajadores puedan completar el costo de una vivienda.

Como ejemplo, mencionó el programa estatal Mi Nuevo Hogar, que contempla apoyos de hasta 100 mil pesos para personas que cumplen con los requisitos establecidos.

La dirigente sostuvo que el problema no es únicamente construir más casas, sino lograr que las familias tengan recursos suficientes para adquirirlas.

“Hay muchas personas que quieren una vivienda, pero no les alcanza. Es decir, el trabajador, la familia en general en León requiere de un subsidio para tener una vivienda de más o menos 740 mil, 750 mil pesos”, afirmó.

Estos apoyos pueden ayudar a reducir la cantidad que debe cubrir una familia, aunque el acceso depende de las reglas de cada programa y de que las personas solicitantes cumplan con las condiciones establecidas.

Falta de vivienda puede empujar a familias a asentamientos irregulares

La reducción en la construcción también tiene consecuencias sociales. Cuando una familia no encuentra una casa que pueda pagar en el mercado formal, puede optar por adquirir un terreno en zonas que todavía no cuentan con las condiciones legales o urbanas necesarias.

Esto puede traducirse en problemas para acreditar la propiedad y en la falta de servicios básicos como agua potable y electricidad.

“Si no tiene las viviendas y nosotros como cámara y las entidades de gobierno no estamos cubriendo esa necesidad, pues tienen que buscar otras opciones donde no necesariamente es lo mejor”, advirtió Hernández Duarte.

Por ello, la representante del sector planteó la necesidad de revisar los reglamentos municipales y el Código Territorial del Estado, con el objetivo de agilizar las autorizaciones y adaptar los procedimientos a las condiciones actuales del mercado.

La intención, explicó, es facilitar el desarrollo de nuevos proyectos sin dejar de lado los requisitos necesarios para que las viviendas cuenten con infraestructura adecuada.

Construir casas económicas también representa un riesgo para las empresas

La presidenta de CANADEVI agregó que los desarrolladores enfrentan dificultades financieras al construir vivienda de interés social, debido a que los márgenes de utilidad son reducidos.

En este segmento, las empresas suelen depender de vender un mayor número de casas para sostener sus proyectos. Sin embargo, cualquier retraso, aumento de costos o dificultad durante el desarrollo puede reducir las ganancias e incluso comprometer la viabilidad de una obra.

“En la vivienda de interés social estornudas y se te fue la utilidad. No es una gran utilidad; obviamente ahí van por volumen, pero cualquier barrera que se pueda dar en el momento del desarrollo afecta financieramente, te comen los costos”, explicó.

El reto, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, es encontrar mecanismos que permitan reducir los costos de construcción, facilitar el acceso a terrenos con servicios y ofrecer apoyos para que los trabajadores puedan comprar una casa.

La advertencia de CANADEVI pone sobre la mesa un problema que afecta directamente a las familias de León: hay necesidad de vivienda, pero los costos y las condiciones para construirla dificultan que la oferta alcance a quienes tienen menores ingresos. El desafío será ampliar las opciones formales y accesibles para evitar que más personas tengan que buscar alternativas sin certeza jurídica ni servicios básicos.