León, Guanajuato.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo una reunión virtual con el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) para conversar sobre los desafíos a los derechos humanos en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19.

En esta reunión participó el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba,

integrante del Consejo Rector de la FIO, quien expuso a la expresidenta de Chile, la perspectiva regional y local de
las defensorías así como las acciones de monitoreo sobre el respeto a la dignidad humana ante la crisis epidemiológica, social y económica.

En su mensaje Michelle Bachelet pidió a los organismos defensores en Iberoamérica proteger los derechos de todas las personas a la vida y la salud, sin discriminación para ganar la lucha contra el COVID-19.

Presentó un panorama de la región, en donde la situación sanitaria es complicada por el impacto que ha tenido entre la población, en particular con grupos en condiciones vulnerables como mujeres, migrantes, minorías étnicas,
entre otros.

La crisis se debe atender desde la perspectiva de derechos humanos al ponerse de relieve la desigualdad, discriminación, falta de inversión y acceso a alimentos, agua y salud, entre otros factores, ya que el virus afecta a todos por igual, en especial a las personas y países que son más pobres y están mayormente marginados.

Reconoció los esfuerzos de los organismos defensores de derechos humanos para intercambiar buenas prácticas en la respuesta a la pandemia, y los exhortó a identificar los grupos que pueden estar excluidos en la respuesta del
Estado para afrontar la crisis.

La Alta Comisionada alertó sobre la temporalidad de las medidas restrictivas o de excepción que han aplicado algunos Estados en la región y la obligación que tienen los países para reconstruir la sociedad, basada en un sistema de
igualdades.

La situación sanitaria requiere de una respuesta global, y pidió al Consejo Rector de la FIO que den un nuevo impulso a los derechos humanos para garantizar que la población tenga acceso al derecho a la salud y, en especial, a las vacunas que protejan del virus, porque habrá más desempleo y pobreza derivado de la pandemia.

EVITAR QUE PANDEMIA SE CONVIERTA EN OTRA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
En su exposición, Montero de Alba hizo un reconocimiento a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos por la guía y criterios que ha brindado a los organismos públicos en la materia para prevenir y atender
violaciones derivadas de la contingencia sanitaria. Más adelante, explicó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano han tenido un enfoque preventivo, sin suspender derechos, a partir del establecimiento de medidas preventivas, entre ellas la campaña de sana distancia, el aislamiento domiciliario voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales.

En el caso del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos y de los organismos protectores que lo conforman, como es el caso de la PDHEG, se han realizado diversas actividades de monitoreo sobre el
cumplimiento y respeto a la dignidad.

El propósito, detalló, es que la crisis sanitaria, social y económica, no se vuelva también una en materia de derechos humanos por la supresión de derechos y libertades que contravengan los principios que marca la Constitución y los
Tratados Internacionales de los que México forma parte.

El Ombusdperson guanajuatense hizo referencia a las tareas que se realizaron para identificar a los riesgos a los derechos humanos y grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad a fin de que las autoridades adopten medidas de prevención y hacer frente a esta situación sanitaria.De este ejercicio, se desprendió que los derechos humanos identificados en riesgo fueron: el derecho a la salud en general y, en particular, sobre el personal médico que hace frente a la pandemia; el acceso al agua y el saneamiento; la asistencia social y el derecho a una vida libre de violencia e n el ámbito doméstico.

También señaló que se detectó que las mujeres son el grupo de mayor riesgo ante el aumento de casos de violencia doméstica, al igual que adultos mayores, personas con discapacidad, las privadas de su libertad, las niñas y niños, los
pueblos y comunidades indígenas y las personas migrantes.

En este último grupo, al ser uno de los más vulnerables, subrayó el trabajo de la FIO para generar iniciativas que contribuyan a la protección de todos sus derechos, lo cual quedó plasmado en el Webinario que organizó la PDHEG en
colaboración del organismo iberoamericano sobre la materia.

El Consejo Rector de la FIO está integrado por su presidente y Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade; la Vicepresidenta Primera de la Región Cono Sur y Defensora del
Pueblo de la República Dominicana, Zoila Martínez Guante y el Vicepresidente Segundo por la Región Centroamérica y representante de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago.