• Una iniciativa en el Congreso de Guanajuato propone fortalecer los apoyos educativos, capacitar a maestros y crear un registro estatal para conocer las necesidades del alumnado neurodivergente. Especialistas advierten que se requieren recursos, infraestructura y personal preparado.

Más de 4 mil estudiantes de Guanajuato tienen identificados trastornos del espectro autista (TEA) o por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero el sistema educativo aún carece de registros específicos sobre el rezago escolar y el acoso que enfrentan niñas, niños y adolescentes con estas condiciones.

Ante este panorama, se realizó en León el primer foro “Neurodivergencia: donde todas las mentes cuentan”, un espacio para analizar la iniciativa de la diputada Maribel Aguilar, que busca impulsar cambios en la Ley de Educación para que las escuelas reconozcan las distintas formas de aprender, comunicarse y desarrollarse.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con corte a 2026, en el estado hay mil 525 estudiantes con trastorno del espectro autista y 2 mil 483 con TDAH, lo que suma 4 mil 8 alumnos identificados con estas condiciones.

<<<Sin embargo, la falta de información específica sobre el rezago educativo y el acoso escolar relacionado con estas condiciones dificulta conocer la magnitud de los problemas y determinar qué apoyos necesita el alumnado para continuar sus estudios.

¿Qué cambiaría con la iniciativa?

Durante el encuentro, realizado en la sede San Carlos de la Universidad de Guanajuato, la legisladora explicó que su propuesta busca incorporar la perspectiva de neurodivergencia en la legislación educativa estatal.

Entre los principales planteamientos están sustituir el término “trastornos generalizados del desarrollo” por uno más amplio e incluyente, fortalecer los apoyos pedagógicos de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y capacitar al personal docente para atender mejor la diversidad en las aulas.

También propone crear un registro estatal que permita identificar las necesidades del alumnado y contar con información útil para diseñar políticas públicas educativas.

La intención es que las diferencias en la manera de aprender o comunicarse no se conviertan en obstáculos para estudiar, participar en clase o concluir la formación académica.

“Detrás de cada niña, niño o adolescente que enfrenta dificultades para aprender, comunicarse o sentirse parte de su escuela, hay una historia que merece ser escuchada, capacidades que deben ser reconocidas y un futuro que no podemos permitir que se vea limitado por la falta de comprensión o de oportunidades”, expresó Maribel Aguilar.

En los trabajos también participó el diputado Ernesto “Tito” Millán.

Adaptar las escuelas también cuesta

Durante el foro, especialistas coincidieron en que modificar la legislación es un primer paso, pero advirtieron que la inclusión educativa requiere inversión, espacios adecuados y personal capacitado.

Flor Liliana Ramírez García, presidenta de Lunova A. C., destacó la importancia de contar con espacios escolares que respondan a las necesidades de estudiantes neurodivergentes, incluidas aulas que permitan la autorregulación durante momentos de crisis.

Explicó que equipar un aula con las condiciones necesarias puede costar hasta 110 mil pesos, una inversión que representa un reto para los centros educativos. También presentó la experiencia de su asociación en el desarrollo de una aplicación que guía ejercicios de respiración mediante voz para ayudar a regular las emociones.

Por su parte, Leonardo Arturo Rivas, docente especializado en la enseñanza de estudiantes de educación superior con dislexia, expuso un programa de acompañamiento y tutorías para mejorar el aprovechamiento académico y prevenir el abandono escolar.

Señaló que la desinformación puede generar estigmas y discriminación, por lo que consideró necesario que las escuelas cuenten con herramientas para comprender y atender las diferencias de sus estudiantes.

La maestra María Cecilia Muñoz Pérez agregó que cualquier avance legal debe ir acompañado de presupuesto para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, así como para capacitar y contratar al personal docente necesario.

Buscan que la inclusión se refleje en las aulas

Las participaciones coincidieron en que reconocer la neurodivergencia en la ley no será suficiente si las escuelas no cuentan con las condiciones para atender al alumnado.

El desafío, señalaron, es que niñas, niños y adolescentes puedan aprender, convivir y permanecer en el sistema educativo con los apoyos que necesitan, sin ser excluidos por sus diferencias.

El foro forma parte de los tres encuentros previstos para analizar la iniciativa de Maribel Aguilar. El segundo se realizará el 4 de noviembre de 2026 en Irapuato, mientras que el tercero está programado para el 10 de noviembre en Celaya.

Los resultados de estos trabajos contribuirán al análisis de una propuesta que busca convertir la inclusión educativa en una realidad para miles de estudiantes y sus familias en Guanajuato.