Con el objetivo de poner un alto a las prácticas agresivas e intimidatorias al momento de cobrar deudas, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una iniciativa impulsada por legisladores del PAN y PRD para reformar el Código Penal del Estado.

La propuesta busca proteger a la ciudadanía de la llamada “cobranza extrajudicial ilícita”, es decir, cuando despachos o personas recurren a amenazas, hostigamiento o presión indebida para exigir pagos.

Entre los puntos clave, la reforma establece claramente que será delito utilizar violencia o intimidación para cobrar una deuda, incluso si estas acciones se dirigen hacia familiares del deudor. Además, puntualiza que las sanciones aplicarán sin importar quién lleve a cabo la cobranza.

Uno de los aspectos más relevantes es el endurecimiento de castigos cuando en estas prácticas participe un servidor público. En esos casos, se contemplan penas de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo, con el fin de evitar abusos de autoridad.

La iniciativa también busca diferenciar entre los cobros legales —que pueden realizarse conforme a la ley— y los actos de intimidación, brindando mayor certeza jurídica a las personas que enfrentan deudas.

Con este avance, diputadas y diputados promoventes señalaron que se da un paso importante para proteger la dignidad de la ciudadanía y garantizar que nadie sea víctima de amenazas o presiones indebidas al momento de enfrentar compromisos financieros.