En los pleitos por el poder siempre conviene mirar quién termina pagando los platos rotos. En León la pagan quienes pasan buena parte del día trasladándose, las familias a las que el ingreso apenas les alcanza y los jóvenes que buscan cómo seguir estudiando. Ninguno de ellos tiene tiempo para esperar a que la gobernadora y la alcaldesa resuelvan sus diferencias.

La disputa por el puente del bulevar Aeropuerto lo dejó muy claro: cuánto les cuesta a nuestras autoridades sumar voluntades cuando ya no comparten partido. Se responden, se reprochan y compiten por los anuncios. A fuerza de escucharlas, una acaba preguntándose en qué momento las necesidades de León quedaron subordinadas a la pelea por su control político.

Al PAN habría que pedirle memoria. Su preocupación por la ciudad exige también una explicación sobre los años en que tuvo el poder para atenderla. Porque los problemas que ahora señala no aparecieron con la ruptura política de Alejandra Gutiérrez; llevan años formando parte de la vida cotidiana de las y los leoneses.

Acción Nacional comenzó a gobernar León en 1989 y, salvo la alternancia de 2012 a 2015, ha conducido durante décadas sus administraciones. Tuvo presupuestos, facultades y gobiernos estatales de su mismo partido con los cuales coordinarse. Buena parte de la ciudad que hoy cuestiona creció bajo sus decisiones. Esa responsabilidad no desaparece porque una alcaldesa cambie de militancia.

La movilidad atraviesa León entero. Está en los recorridos entre las colonias y los centros de trabajo, en los transbordos, en la distancia para llegar a una escuela y en la dificultad de caminar o trasladarse con seguridad. Resolverla exige mirar cómo ha crecido la ciudad y cuánto le cuesta a su población moverse todos los días.

Según el estudio Costo del Tráfico 2026 del IMCO, la congestión en la zona metropolitana de León representa una pérdida estimada de 3 mil 400 millones de pesos anuales por el valor del tiempo perdido. La carga, además, es desigual: quienes utilizan transporte público pierden, en promedio, 132 horas al año atrapados en el tráfico, frente a 69 de quienes viajan en automóvil. Son horas que se le restan al descanso, al estudio y a la familia. Mientras las autoridades compiten por los anuncios, la ciudadanía sigue pagando con su tiempo.

León tiene una deuda social que ningún discurso de prosperidad puede esconder: en 2020 fue el municipio con más personas en situación de pobreza de todo el país. Fueron 816 mil 934 personas. Detrás de esa cifra hay familias para las que trabajar no ha sido suficiente para salir de la pobreza. Ese es también el saldo que el PAN debe explicar después de décadas de gobierno. ¿De qué sirve presumir la riqueza de una ciudad si tantas personas siguen sin poder vivir dignamente de su trabajo?

Los resultados de competitividad tampoco permiten demasiada complacencia. En 2026, León ocupó el lugar 14 de 21 entre las ciudades de más de un millón de habitantes evaluadas por el IMCO, dentro del nivel medio bajo. Mejoró una posición respecto de 2024; el avance existe, pero sigue siendo insuficiente para una ciudad con esta fuerza empresarial e industrial. Sus trabajadores y sus empresas necesitan condiciones para avanzar mucho más.

Frente a estas necesidades, la competencia por anunciar proyectos resulta cada vez más pequeña. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hará, con qué recursos y cuándo estará funcionando. También tiene derecho a que los acuerdos sobrevivan a las diferencias partidistas. Las obras y los servicios se pagan con recursos públicos; ninguna autoridad debería administrarlos como una concesión política.

La alcaldesa debe responder por su gestión y resolver los pendientes que le corresponden. Pero el PAN tampoco puede borrar décadas de responsabilidad y presentarse ahora como un observador preocupado. Gobernó la ciudad, definió buena parte de su rumbo y defendió sus resultados. Le toca explicar las carencias con el mismo empeño con el que durante años presumió los logros.

A la gobernadora le corresponde conducir la relación institucional con el municipio. León necesita capacidad de coordinación, incluso cuando entenderse con la autoridad municipal resulte políticamente incómodo. La voluntad de trabajar por la gente se acredita al resolver esas diferencias y convertir los compromisos en resultados. Para eso se gobierna también: para encontrar salidas donde los intereses partidistas levantan obstáculos.

Por eso preocupa que León termine tratado como un botín político: una plaza que se quiere conservar o recuperar, mientras sus necesidades sirven de argumento para el siguiente enfrentamiento. La ciudad merece una suma de voluntades a la altura del esfuerzo de quienes la sostienen todos los días.

Al PAN le inquieta perder León. A las familias les inquieta perder horas en el transporte, que el dinero no alcance y que sus hijos se queden sin oportunidades. Después de tantos años de gobierno, ya debería conocer la diferencia.