¿Recuerda cuando, no ha mucho, en Guanajuato el Ministerio Público y anexas decían que las ‘fosas clandestinas’ no existían? ¿Qué eran cuentos de los periodistas y los grupos activistas? Asome al más reciente dialogo epistolar entre expertos de la ONU y el Gobierno de México…

El comunicado de los primeros, fechado en Ginebra, Suiza, advierte que las buscadoras de personas desaparecidas continúan enfrentando violencia letal en México.

-“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honorar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos mas graves, conducen a su propria desaparición o asesinato.”

Citan que los recientes ataques en Sinaloa ponen de relieve los graves riesgos a los que se enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas. Que esta violencia ocurre en un contexto de impunidad casi total, lo que contribuye a generar un entorno que favorece la actuación de los perpetradores.

-“La labor de estas mujeres constituye una extensión fundamental de sus derechos a la verdad y a la justicia y a la reparación. Si bien es de primordial importancia garantizar su participación en condición de seguridad en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y en las investigaciones, cabe recordar que se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias.

“Constituye un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección específica respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Con referencia especifica a México, la Corte ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas se encuentran en aumento.

-“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. El Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, y reparar esta violencia.”

Como sea, en ese contexto, los expertos acogen la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que designa el 19 de diciembre como el ‘Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.’

Recuerdan la Observación general sobre las mujeres afectadas por desapariciones forzadas, en la que se establece que los Estados deben reconocer la existencia de las mujeres desaparecidas y los tipos de daño específico que sufren por razón de su género.

MÉXICO RESPONDE

El Gobierno de México rechazó de inmediato, en comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la existencia de un patrón estatal de desaparición de personas buscadoras.

El Gobierno de México reafirma que la atención al problema de la desaparición y no localización de personas es una prioridad nacional y reitera su compromiso con el diálogo, la atención y acompañamiento a las madres buscadoras y sus familias. Condena todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.

En relación con el comunicado emitido por cuatro expertos (de la ONU): cabe precisar que ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas.

El Estado mexicano reconoce que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Para atenderlos, en los últimos años se han implementado y fortalecido diversas acciones, reformas legales y políticas públicas dirigidas a combatir este delito.

La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados.

En este contexto, el Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia.

El Gobierno de México reafirma que la búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas, que estas asumen plenamente. El país cuenta, además, con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.

-“Y autoridades de todos los niveles respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas.”

Evidentemente la discusión rebasa un poquito los afanes en un sentido u otro, de actores políticos y burocráticos ávidos de dar la vuelta a la página. Atiendan, pues.

(A)La Jaula

En Asuntos generales

‘A toro pasado’ en términos de calendario; entregado el cotejo por los azules bajo la fórmula del ‘abandono’, en la sesión del Pleno del Congreso, post vacaciones, respecto a la despenalizaciòn del aborto en Guanajuato meros estertores de unos y machacar de los otros. Eugenia García Oliveros, (Morena), expuso la urgencia de despenalizar la interrupción del embarazo frente a la problemática de salud pública que representan los más de cuatro mil casos de maternidad infantil y adolescente registrados en Guanajuato.

Sandra Alicia Pedroza, (MC), opinó que calificar a Guanajuato como una entidad “provida” es contradictorio frente a la alta incidencia de maternidad infantil forzada y a un contexto de violencia de género con elevados índices de homicidios dolosos contra mujeres, violaciones, violencia familiar e incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Rolando Alcántar, (PAN), precisó que no existe ni ha existido una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en un plazo se reformen las leyes o la Constitución en la entidad. Luz Itzel Mendo, (Verde/ Azul), se pronunció a favor de la protección de la vida desde la concepción. María Isabel Ortiz, (PAN), defendió que en su partido político la base es el derecho a la vida, el primer derecho que tenemos todas y todos. Noemí Márquez, (PAN), mencionó que la defensa de la vida trasciende el ámbito puramente normativo y exige asumir un compromiso ético articulado en políticas públicas subsidiarias, integrales y empáticas. Y ya. Ahora, nomás que la Corte tenga tiempo.

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‘X’: TigresDePapel