El Congreso de Guanajuato aprobó dos reformas y propuestas que buscan proteger tanto la actividad económica de las familias que trabajan en la elaboración de cerámica como el proceso para que las leyes aprobadas entren en vigor.
Por un lado, el Pleno avaló exhortar al Gobierno Federal para reforzar la vigilancia en aduanas y las medidas comerciales que permitan proteger la cerámica mexicana, particularmente ante la entrada de vajillas y piezas provenientes de China.
La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN, está dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México, para que fortalezcan los mecanismos de monitoreo, verificación y defensa comercial.
Al defender el dictamen, la diputada Angélica Casillas advirtió que esta actividad representa una fuente de empleo e ingresos para numerosas familias guanajuatenses, además de ser una alternativa de independencia económica para mujeres que participan en la elaboración, decoración y comercialización de las piezas.
La legisladora pidió que las autoridades federales investiguen las condiciones de competencia y, de ser procedente, apliquen medidas de defensa comercial, además de verificar el origen de los productos que ingresan al país.
“Mi voto es a favor porque quiero que la cerámica siga siendo una alternativa de vida en nuestros municipios. Que las mujeres que han construido su independencia mediante este trabajo puedan conservarla”, expresó.
Buscan evitar que el Gobierno Federal frene leyes aprobadas
En la misma sesión, el Congreso aprobó, con los votos del PAN, una reforma constitucional para eliminar el llamado “veto de bolsillo”, una práctica que permite que una ley aprobada por el Legislativo quede sin publicarse cuando el Ejecutivo deja vencer los plazos legales sin promulgarla.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks explicó que la modificación busca dar certeza al trabajo legislativo y evitar que las leyes queden detenidas por falta de publicación.
Con las nuevas reglas, el Ejecutivo contará con 10 días hábiles, a partir de que reciba un decreto, para devolverlo al Congreso con observaciones. Si no lo hace, tendrá otros 10 días hábiles para promulgarlo y publicarlo.
En caso de que tampoco cumpla con este segundo plazo, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso o de la Diputación Permanente podrá ordenar su publicación en el Periódico Oficial dentro de los siguientes 10 días hábiles.
Romero Hicks señaló que el Ejecutivo conserva su facultad de hacer observaciones a las leyes, pero no debe utilizar los tiempos de publicación para detener el trabajo del Poder Legislativo.
Ambas decisiones buscan, desde distintos ámbitos, proteger la actividad productiva de Guanajuato y fortalecer las reglas de funcionamiento entre los poderes públicos.


