Una ex trabajadora del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, luego de una investigación por presuntos movimientos no autorizados en cuentas de ahorro voluntario de derechohabientes.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el caso inició tras la denuncia presentada por el propio ISSEG, después de que un usuario detectó un retiro que no reconocía en su cuenta y solicitó una revisión del movimiento.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, permitió establecer que la operación presuntamente habría sido realizada por una empleada de mostrador, quien habría utilizado de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales del instituto para efectuar disposiciones de recursos sin autorización de los titulares.
Como parte de las diligencias, las autoridades revisaron videograbaciones y analizaron operaciones realizadas por la imputada, con lo que identificaron diversos movimientos con características similares. Según la investigación, el monto de las disposiciones irregulares superaría los 90 mil pesos.
Durante la audiencia correspondiente, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Miroslava “N”, al considerar que presuntamente utilizó información y herramientas institucionales a las que tenía acceso por sus funciones para afectar el correcto funcionamiento del organismo público.
La defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, misma que fue autorizada por un periodo de seis meses. Como parte de las condiciones impuestas, la imputada deberá acudir una vez al mes a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
En cuanto al posible daño económico, la Fiscalía informó que también investigó los hechos bajo la figura de robo calificado cometido por empleado, debido a que los recursos involucrados eran administrados por el ISSEG. La institución realizó el reintegro de las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.
Finalmente, al tratarse de un delito patrimonial que permite mecanismos alternativos de solución, las partes llegaron a un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.