El modelo de Bachilleratos Bivalentes Militarizados (BBM) de Guanajuato, impulsado desde 2019 por el Gobierno del Estado, se ha consolidado como uno de los proyectos educativos con mayor aceptación entre los jóvenes y sus familias. En siete años pasó de dos planteles a seis, con una matrícula superior a 3,400 estudiantes distribuidos en León, Celaya, Irapuato, Acámbaro y Dolores Hidalgo.

Sin embargo, el programa enfrenta ahora un escenario de incertidumbre luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiterara que la educación militarizada no está autorizada por la Constitución ni por la Ley General de Educación, y ordenara a las autoridades educativas estatales revisar y suspender este tipo de modalidades.

Durante la conferencia matutina, Delgado afirmó que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan escuelas militarizadas para menores de edad, postura que fue reforzada mediante un oficio enviado a todas las entidades federativas el pasado 24 de julio. El pronunciamiento ocurrió tras la muerte de una estudiante en un plantel militarizado de Tamaulipas, caso que detonó una revisión nacional.

¿Por qué el modelo ha sido bien recibido en Guanajuato?

Los Bachilleratos Bivalentes Militarizados se distinguen por ofrecer un esquema gratuito que incluye uniformes, alimentación diaria y formación académica, además de una preparación técnica que permite a los estudiantes egresar con bachillerato y una especialidad en áreas como Ciberseguridad, Protección Civil o Seguridad Ciudadana.

El Gobierno de Guanajuato sostiene que el objetivo del programa no es la formación de personal militar, sino fortalecer la disciplina, el liderazgo, el trabajo en equipo y los valores cívicos como herramientas para prevenir la deserción escolar y alejar a los jóvenes de contextos de violencia o delincuencia.

La alta demanda del modelo ha generado listas de espera permanentes y ha motivado la apertura de nuevos planteles en distintas regiones del estado.

La controversia jurídica

Tras el posicionamiento de la SEP, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) inició un análisis jurídico para determinar el alcance de la instrucción federal.

La administración estatal sostiene que sus planteles no imparten instrucción militar para integrar a las Fuerzas Armadas, sino que emplean un modelo pedagógico basado en disciplina, orden y formación integral, por lo que considera que existen diferencias sustanciales respecto a los planteles señalados por la Federación.

Mientras se define el criterio legal, las clases y el proceso de inscripción continúan programados con normalidad, aunque el futuro del modelo dependerá de la interpretación que se haga de la Ley General de Educación y de las acciones jurídicas que puedan emprender tanto el Gobierno del Estado como padres de familia.

El caso abre un debate nacional sobre los límites entre la disciplina escolar y la educación militarizada, así como sobre el futuro de un modelo que, en Guanajuato, ha sido presentado como una estrategia de formación y reconstrucción del tejido social.