La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo destapó lo que la Fiscalía General de la República (FGR) califica como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México, un esquema que presuntamente movió miles de millones de pesos mediante empresas, ferrocarriles, cuentas bancarias y operaciones internacionales.

De acuerdo con la FGR, la organización utilizaba carros-tanque de ferrocarril para ingresar combustible desde refinerías de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, al llegar a las aduanas mexicanas, las empresas involucradas presuntamente declaraban solo una mínima parte de la carga o incluso aseguraban transportar otro tipo de productos, con el fin de evadir impuestos y controles.

La investigación revela que cada carro-tanque podía transportar hasta 110 mil litros,pero ante las autoridades solo se reportaban alrededor de 10 mil litros, es decir, apenas el 10 % de su capacidad real.

Una vez dentro del país, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias —vías de conexión para trenes— y posteriormente trasladado en pipas y tractocamiones de siete empresas que presuntamente lo distribuían de manera ilegal en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, sin contar con los permisos requeridos.

Pero el esquema no solo involucraba el traslado del combustible. La FGR señala que también existía una compleja red financiera para ocultar el dinero obtenido. La investigación detectó cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Según la autoridad, el dinero era transferido casi de inmediato entre distintas cuentas, conocidas como “cuentas puente”, una práctica utilizada para dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos.

Además, entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Las investigaciones también establecen que más de 15.2 millones de litros de combustible no fueron declarados, mientras que la evasión estimada de impuestos supera los 106.8 millones de pesos solo por conceptos de IEPS e IVA. En una etapa más amplia de la indagatoria, la FGR calcula que el daño a la Hacienda Pública podría rebasar los 4 mil millones de pesos.

Como parte del operativo, un juez libró 25 órdenes de aprehensión. Hasta el momento han sido detenidos Ernesto Ruffo y cuatro personas más, mientras continúan las acciones para capturar al resto de los presuntos integrantes de la red.

La FGR informó que entre los investigados también figuran socios de empresas, operadores logísticos, agentes aduanales y otros servidores públicos, quienes presuntamente participaron en la importación, distribución y ocultamiento de los recursos obtenidos mediante el contrabando de hidrocarburos.

La dependencia subrayó que la investigación sigue en curso y recordó que todas las personas involucradas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme por parte de la autoridad judicial.