Las peleas entre políticos siempre empiezan diciendo que son por el bien de la gente. Curiosamente, casi siempre terminan olvidándose de la gente y les digo por qué.

Mientras una madre busca justicia por su hija desaparecida, mientras una mujer espera que una iniciativa contra la violencia deje de dormir en un cajón, mientras comerciantes, familias y jóvenes viven con el miedo de una inseguridad que ya parece parte del paisaje, el poder está ocupado en otra cosa; en perseguirse.

Acusaciones, auditorías, señalamientos y conferencias de prensa ocupan titulares, tiempo y energía institucional. No cuestiono que todo gobierno deba ser auditado, al contrario, quien administra recursos públicos debe rendir cuentas.

Lo que resulta imposible no preguntar es por qué esa misma intensidad desaparece cuando se trata de otros temas que también exigen atención.

¿Por qué hay tanta prisa para unas cosas y tanta paciencia para otras?

¿Por qué el mismo Congreso que encuentra tiempo para alimentar la confrontación no encuentra el mismo tiempo para atender los asuntos que verdaderamente duelen?

Las prioridades siempre revelan la verdad.

Mientras el debate gira alrededor de las disputas políticas, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado se convirtió, durante meses, en una auténtica congeladora legislativa y los datos son públicos.

Sesionó apenas 18 veces, mientras otras comisiones como Derechos Humanos lo hicieron 56 ocasiones y la Comisión de Justicia alrededor de 40. Durante buena parte de la legislatura no llegó al Pleno un solo dictamen relacionado con igualdad de género, ni uno.

Fue necesaria la presión pública de legisladoras de oposición y de activistas para que, de pronto, aparecieran mesas de trabajo y dictámenes acumulados durante meses.

La pregunta es inevitable, ¿De verdad no había tiempo? ¿O simplemente no había voluntad política? Porque cuando la política decide que la prioridad es la confrontación, siempre hay alguien que termina pagando el costo.

Lo pagan las mujeres que esperan leyes que las protejan. Lo pagan las familias que viven la violencia cotidiana. Lo pagan quienes esperan respuestas sobre seguridad, movilidad, medio ambiente, salud o desarrollo económico.

Lo paga la ciudadanía completa.

Hace tiempo que la gente dejó de indignarse únicamente por las diferencias entre partidos. Lo que realmente desespera es ver a políticos dedicando horas a pelear mientras los problemas siguen creciendo.

La ciudadanía no espera que todos piensen igual, espera que trabajen, no espera unanimidad, espera resultados. Porque gobernar no consiste en ganar discusiones, sino en resolver problemas.

Y cuando el aparato institucional se utiliza como herramienta de revancha política, se desperdicia el recurso más escaso de cualquier gobierno: el tiempo.

Quizá por eso la confianza en la política atraviesa uno de sus momentos más difíciles. No porque la gente haya dejado de creer en la democracia, sino porque demasiadas veces ha visto a quienes fueron elegidos poner sus intereses por encima de las necesidades colectivas.

La política puede ser mucho más que eso, puede construir acuerdos sin renunciar a las convicciones, puede fiscalizar sin seleccionar enemigos, puede señalar irregularidades sin dejar de atender lo urgente.

Puede demostrar que el poder sirve para mejorar la vida de las personas y no para alimentar disputas interminables, Guanajuato necesita menos trincheras y más soluciones.

Porque las confrontaciones pasan, los gobiernos también; lo único que permanece es la vida de la gente, y esa ya esperó demasiado.