Con el objetivo de establecer medidas legislativas que abonen al combate de los delitos que se cometen con el uso de motocicletas, el PAN y PRD presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
El diputado Víctor Zanella Huerta señaló que delitos como el robo en motocicleta le han quitado una parte de la tranquilidad a la gente y se han convertido en una amenaza creciente que ha alterado su vida diaria.
“Estos delitos, caracterizados por su rapidez y también por su violencia, generan un ambiente de inseguridad en las calles, dificultando actividades tan simples como caminar, usar el celular o desplazarse por la ciudad. La sensación de que en cualquier momento podemos ser víctimas de un ataque deja una huella psicológica que fomenta el miedo y la desconfianza, afectando tanto nuestra movilidad como la convivencia social”, lamentó.
Con esta iniciativa presentada en el Congreso del Estado de Guanajuato buscan crear un Padrón de Comerciantes de Motocicletas, así como un Padrón de Control Estatal de Motocicletas para concentrar, recabar y almacenar toda la información que se registre a través de los establecimientos, de sus operaciones de enajenación de motocicletas, y de usuarios.
Esta información podrá ser de acceso de autoridades en materia de procuración de justicia, como la Fiscalía General del Estado y por las autoridades de tránsito estatal y municipales.
“Mejorar la identificación de motocicletas y usuarios es fundamental para combatir los robos y garantizar mayor seguridad. Si queremos abatir la impunidad, el primer paso exige la identificación plena de quienes cometen delitos. Contar con elementos de individualización permitiría una mayor trazabilidad en caso de incidentes y facilitaría la labor de las autoridades para actuar de manera oportuna”, destacó.
Además de destacar la importancia de no estigmatizar a todas las personas que utilizan motocicletas, el diputado manifestó que debe exigir disposición de establecer un diálogo abierto con asociaciones, comerciantes dedicados a la venta, usuarios y autoridades, a fin de construir una ley “antimotorratones”.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.