• El organismo empresarial advierte que cargar más impuestos a quienes ya cumplen no es la solución; pide facilitar la formalización de negocios y empleos.

La informalidad no solo afecta a quienes trabajan sin seguridad social o a los negocios que operan fuera de la regulación: también reduce los recursos disponibles para financiar infraestructura, salud, educación, seguridad y programas sociales.

Ante el estancamiento de los ingresos tributarios durante los primeros siete meses de 2026, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) llamó a poner nuevamente el problema de la informalidad en el centro de la discusión económica del país.

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y julio de este año la recaudación tributaria alcanzó 3 billones 407 mil 331 millones de pesos, prácticamente sin crecimiento real frente al mismo periodo de 2025 y 95 mil 890 millones de pesos por debajo de lo programado.

Además, el Impuesto sobre la Renta (ISR) registró una contracción real, relacionada con menores pagos realizados por personas morales.

Para el CCEL, el problema no debe analizarse únicamente desde la cantidad de dinero que recauda el Gobierno, sino también desde las condiciones en las que operan empresas y trabajadores.

Empresas formales enfrentan una competencia desigual

El organismo empresarial señaló que la informalidad genera una competencia desigual, debido a que los negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias deben asumir costos que quienes permanecen fuera de la formalidad no enfrentan.

Pero el impacto va más allá de las empresas.

Cuando una actividad económica permanece en la informalidad, también suele generar empleos sin seguridad social, lo que deja a los trabajadores y sus familias con menor protección para atender necesidades médicas y sin las mismas condiciones para construir una pensión para el futuro.

El CCEL destacó que, de las 599 mil nuevas ocupaciones generadas en un año, 494 mil fueron informales, lo que representa 83.5 por ciento.

Para el sector empresarial, este dato refleja un reto importante no solamente en materia fiscal, sino también en productividad, competitividad, empleo digno y Estado de derecho.

¿Qué significa para los ciudadanos?

Una menor recaudación significa que el Gobierno cuenta con menos margen para financiar las necesidades de la población.

Los recursos públicos son necesarios para mantener y ampliar servicios como salud, educación, seguridad e infraestructura, además de sostener programas sociales y proyectos que generen crecimiento económico.

Por ello, el CCEL considera que aumentar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones no debe ser la principal estrategia para incrementar los ingresos.

La alternativa, plantea, es lograr que más personas y negocios puedan incorporarse a la formalidad.

Facilitar la formalidad, el reto

Para alcanzar ese objetivo, el organismo empresarial propone avanzar en medidas como la simplificación de trámites, mejores incentivos para quienes se formalicen, acceso al financiamiento, seguridad social y condiciones que permitan a los pequeños negocios crecer sin que incorporarse a la legalidad represente una carga que los haga inviables.

El CCEL sostuvo que una economía con mayor formalidad permitiría equilibrar la competencia entre empresas, proteger a los trabajadores y ampliar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

El organismo reiteró que la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere ampliar la base de contribuyentes, pero sin desalentar la inversión ni la creación de empleos formales.

El reto no sería cobrar más a los mismos de siempre, sino conseguir que más personas y negocios puedan entrar a la formalidad y contribuir al desarrollo del país.