El Grupo Parlamentario del PRI suscribió hoy una iniciativa con proyecto de Decreto a efecto de garantizar la inserción laboral en el sector público de personas con discapacidad.
En tribuna, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno expuso que en el Estado de Guanajuato no existe disposición legal alguna que garantice la inclusión en el mundo laboral de las personas con discapacidad, por lo que ocasiona que no logren un pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Se propone que sean las dependencias y entidades de las administración pública Estatal y Municipal, los primeros entes en ofrecer espacios laborales a las personas con discapacidad, estableciendo que el 5% del total de sus respectivas plantillas laborales, lo ocupen personas con discapacidad, destacó la diputada priista.
La iniciativa va encaminada a robustecer y lograr el objetivo primario que fue planteado al emitir la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, mismo que radica en lograr plenamente la inclusión de este grupo vulnerable en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el propio ámbito laboral.
“La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de establecer un cambio de paradigma en el modelo social para efecto de que el Estado adquiera verdaderamente la obligación de garantizar el pleno acceso a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo anterior atendiendo a la ineficiencia de los cuerpos normativos actuales, que no permiten que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a sus derechos en el ámbito laboral”, destacó Guerrero Moreno.
De acuerdo con el INEGI, Guanajuato tiene un 5.7 por ciento de prevalencia de discapacidad.
El 28.2 por ciento de las personas tienen discapacidad para escuchar; 24.6% de movilidad para bañarse, vestirse o comer; 17.5% para hablar o comunicarse; y, el 13.6% problemas emocionales o mentales.
En el estado de Guanajuato se tiene un registro de 235 mil personas con discapacidad.
Por lo anterior, la propuesta del GPPRI establece adicionar el artículo 7-1 a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato para que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan la obligación de contratar a personas con discapacidad en al menos un 5% de la totalidad de su planilla laboral.
Las dependencias deberán realizar los estudios de compatibilidad con los puestos ofertados para efecto de determinar si de acuerdo con las diversas discapacidades, dichos puestos pueden ser ocupados por una persona con discapacidad.
Así también, contarán con 90 días para realizar las adecuaciones señaladas para garantizar la inclusión y las condiciones laborales de las personas con discapacidad y se deberán cumplir con las disposiciones a partir de la nómina del año 2020.