El reconocido cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos por violar la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, conocida como Ley Kingpin.

Esta legislación prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con entidades designadas como narcotraficantes extranjeros.

Ortiz, de 35 años y originario de Pasadena, California, admitió haber participado en al menos seis conciertos organizados en México por el promotor Ángel del Villar, eventos que estuvieron vinculados a una organización criminal. Esta confesión se produjo en el marco del juicio contra Del Villar, dueño de la disquera DEL Records, quien fue arrestado en 2022 acusado de realizar negocios con Jesús Pérez Alvear, promotor musical relacionado con un cartel y presunto responsable de lavado de dinero.

La Ley Kingpin, promulgada en 1999, permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones a personas y entidades involucradas en el tráfico internacional de narcóticos, bloqueando sus activos y prohibiendo a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Ortiz ha enfrentado anteriormente problemas legales. En 2016, fue acusado de apología del delito debido al contenido de su video musical “Fuiste mía”, que mostraba escenas de violencia contra una mujer.

Este caso destaca la creciente atención de las autoridades estadounidenses hacia las conexiones entre la industria del entretenimiento y el crimen organizado, subrayando la importancia de la Ley Kingpin en la lucha contra el narcotráfico internacional.