Mientras que Jorge Espadas Galván -en ‘Mala Hora’, Gabriel García Márquez, dixit-, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, parece decidido a todo -Bueno, él es así. Renunció a una candidatura para que su ‘madrina’ Leticia Villegas fuese diputada; luego ‘intercambió’ distritos con Miguel Salim-, en su idea de llevar la contra a la gobernadora Libia García y atajar los derechos y las libertades de la comunidad LGBTTTIQ+, ya surgen otras voces que alientan el encono y enfrentan a la titular del Ejecutivo estatal.
Ay, sufrido Guanajuato.
Si usted va a Wikipedia, el registro asusta. Dicen ahí que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Guanajuato desde el 20 de diciembre de 2021. Bueno, sí pero no. Ese día, la secretaria general de gobierno, Libia García Muñoz Ledo, hoy Gobernadora del estado –a’i nomás-, firmó una circular para que los funcionarios del Registro Civil estatal –una calamidad, dicho sea de paso-, permitieran que las parejas del mismo sexo puedan casarse en el estado que vio nacer la Independencia de México. Sería así la entidad número 23 del país –sin contar a la Ciudad de México, que no es estado- en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN dictaminó que las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales en todo el país. El fallo del tribunal se considera una “tesis jurisprudencial” y no invalida las leyes estatales, lo que significa que las parejas del mismo sexo a las que se les niega el derecho a casarse aún tendrían que buscar recursos de amparo individuales en los tribunales. Lograrían el amparo y el fallo en su favor, acá solo se trata de hacerles ver su suerte. Los tribunales apelan al artículo 4 de la Constitución federal al señalar que “el hombre y la mujer son iguales ante la ley. La ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
El 2 de septiembre de 2013, la oficina del Registro Civil de la ciudad de León denegó a una pareja lésbica la licencia de matrimonio. La pareja impugnó en un tribunal federal. El Registro Civil alegó que la ley estatal definía el matrimonio como “la unión de un hombre y una mujer” y como tal la pareja no podía casarse. Los abogados de la pareja argumentaron que la prohibición era inconstitucional según la Constitución de México. El 18 de septiembre de 2013 un juez falló a favor de la pareja y les concedió el derecho a contraer matrimonio. Se casaron el 19 de marzo de 2014, fueron la primera.
El 21 de febrero de 2014 -¡2014!, si usted mira el calendario, ya vamos en el 2025-, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentó al Congreso local un proyecto de ley para modificar el Código Civil con el fin de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el PRI apoyó, pero el 13 de abril de 2015 la Comisión de Justicia dominada por el PAN votó archivar el proyecto de ley.
Bueno, pues es hora que la mayoría azul en la Legislatura local en turno apura sus manías para regatear esas y otras libertades.
RETORCIDOS
La cosa se pone peor.
Por ahí en las redes y en los portales informativos circula una tesis loquísima que se firma con el membrete ‘Actívate’, que sostiene que el gobierno estatal que jefatura Libia Denisse García Muñoz Ledo, panista, es abiertamente ‘pro aborto’. Todo un despropósito si los hay.
Citan que “el pasado 14 de julio, el Gobierno del Estado de Guanajuato dio a conocer, a través de un boletín oficial el inicio de un programa supuestamente de ‘educación sexual’ en colaboración con la agrupación ‘Las Libres’, conocida por su activismo radical a favor del aborto en México y América Latina”. A ver, la impartición de educación sexual se aprobó precisamente en el Congreso, de mayoría panista, satélital en los debates delicados, pero mayoría al fin.
Dicen en ‘Actívate’ que ese programa iniciaría con una prueba piloto en dos secundarias de Silao y Romita, y “abre la puerta para introducir una ideología ajena a los valores de miles de familias guanajuatenses, sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres de familia.”
Y ya enseguida se rasgan las vestiduras hasta ir desnudos por la vida:
-“No es educación: es adoctrinamiento; no es salud sexual: es una estrategia encubierta para normalizar el aborto en las aulas; no es inclusión: es una imposición ideológica disfrazada de política pública.”
Así que exigen:
-“Que cancele de inmediato el programa piloto de educación sexual con ‘Las Libres’; que se garantice la participación activa de los padres de familia en el diseño y revisión de cualquier contenido de educación sexual; que ninguna organización que promueve el aborto tenga lugar en el sistema educativo de Guanajuato; que se respete el derecho de los padres a decidir la formación de sus hijos en materia sexual, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales.”
Ya encarrerados también podrían exigir que alguien los tome en serio, pero eso sería un exceso.
Con el Congreso en pausa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, se la toma con calma. Ya refrendó su compromiso de su bancada para un análisis “serio, técnico y responsable” de todas las iniciativas. Hasta las del matrimonio igualitario, pues.
-“El trabajo legislativo tiene tiempos, reglas y procedimientos que deben cumplirse”, dice el buen Jorge. Algo así como ¿Otra década?
(A)La Jaula
Explotación
Escuece el caso de las setecientas personas en explotación laboral, incluso menores de edad, que fueron localizadas y rescatadas en un rancho de Dolores Hidalgo. Pasan los años y no aprendemos. Esas denuncias de explotación a jornaleros agrícolas ya son cosa de todos los años. Y nada. Bueno, pues los tenedores del rancho en Dolores se organizaron una ‘visita de medios’, para que dieran testimonio de lo pulcro de su asunto. Ya hasta habían barrido. Y a lo que sigue. Al menos hasta la siguiente tragedia.
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