La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de León pidió a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aclarar el uso de recursos públicos, personal y tiempo laboral en relación con su asistencia a diversos eventos de carácter político-partidista, al considerar que existen contradicciones entre su discurso público y los hechos documentados.
El síndico Román Cifuentes afirmó que durante años la presidenta municipal sostuvo que estaba enfocada de tiempo completo en las tareas de gobierno, por lo que ahora resulta necesario explicar su participación en actividades vinculadas con temas partidistas.
“Hay una gran incongruencia y a las pruebas nos remitimos. Durante mucho tiempo la presidenta sostuvo que estaba ocupada 24/7 gobernando León y que no se distraía en temas de grilla política. Hoy existen al menos cuatro eventos documentados en horario laboral que demuestran lo contrario”, señaló.
El panista precisó que el debate no gira en torno al derecho de cualquier persona a participar en política, sino a la obligación de transparentar el uso de recursos públicos y rendir cuentas sobre los gastos, traslados, personal involucrado y tiempo destinado a actividades ajenas a las funciones institucionales.
Por ello, informó que la fracción continuará solicitando información para conocer cómo se realizaron diversos desplazamientos relacionados con estos eventos y quién cubrió los costos asociados.
Asimismo, los integrantes del PAN hicieron un llamado a la alcaldesa para que informe de manera puntual si se utilizaron vehículos oficiales, personal municipal, recursos públicos o tiempo laboral para respaldar actividades políticas relacionadas con Movimiento Ciudadano.
Acusan posibles presiones laborales
Román Cifuentes reveló que existen señalamientos de trabajadores municipales que presuntamente habrían enfrentado presiones o afectaciones laborales vinculadas con temas partidistas.
Indicó que la fracción analiza varios casos y que, de comprobarse violaciones a derechos fundamentales, acudirán ante las instancias correspondientes, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
“Que a una persona se le otorgue una liquidación no elimina la posible responsabilidad derivada de una violación a sus derechos humanos. Estos hechos deben investigarse y, en su caso, sancionarse”, sostuvo.
Según la información presentada por los panistas, existirían al menos siete casos de ex empleados de distintas dependencias municipales que podrían incorporarse a los expedientes que actualmente se encuentran en integración.
Finalmente, Cifuentes aseguró que la fracción continuará con las labores de vigilancia y fiscalización dentro del Ayuntamiento.
“La fracción seguirá cuestionando, seguirá denunciando y no va a dejar de hacer su trabajo. Los ciudadanos merecen transparencia y explicaciones claras cuando existen hechos que generan dudas sobre la congruencia entre el discurso y las acciones de quienes gobiernan”, concluyó.