En distintas entidades del país, las fotomultas han dejado de ser únicamente una herramienta de seguridad vial para convertirse en un esquema que genera millones de pesos en contratos, recaudación y operación tecnológica, despertando críticas por posibles fines recaudatorios más que preventivos.
Uno de los casos más recientes ocurre en Jalisco, donde el gobierno estatal firmó un contrato multianual por cerca de 700 millones de pesos con la empresa WCD S.A. de C.V. para operar radares y sistemas de fotomultas hasta 2030. El acuerdo contempla pagos mensuales cercanos a los 11 millones de pesos y la capacidad de emitir hasta 500 mil infracciones al año mediante mensajes SMS, correos electrónicos y enlaces directos de pago. 
El esquema ha sido señalado por legisladores y especialistas como un “fotonegocio” debido a que el pago a la empresa no depende de la reducción de accidentes ni de indicadores de seguridad vial. Además, la ubicación de nuevos radares quedaría bajo decisiones administrativas posteriores, sin un mapa público transparente. 
En Puebla, el negocio también mueve cifras millonarias. La empresa Autotraffic obtuvo 82.9 millones de pesos en apenas seis meses por la operación del sistema de fotomultas. De acuerdo con reportes locales, la compañía cobra más de 336 pesos por cada infracción captada y tan solo en 2024 la recaudación estatal por este concepto superó los 310 millones de pesos. 
Autotraffic ha operado programas similares en estados como Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala, consolidándose como una de las empresas con mayor presencia en el sector de fotodetección en México. 
En Querétaro, las autoridades reportaron ingresos superiores a los 500 millones de pesos desde la implementación del sistema de fotomultas en 2023. Tan solo en el primer trimestre de 2026 se registraron alrededor de 37 millones de pesos derivados de más de 52 mil infracciones. Sin embargo, especialistas han cuestionado la falta de claridad sobre el destino de los recursos y los contratos con empresas privadas. 
Aunque gobiernos estatales defienden las fotomultas como herramientas para reducir accidentes y controlar excesos de velocidad, críticos sostienen que los sistemas terminan privilegiando la recaudación y la automatización de sanciones por encima de la educación vial y la prevención.
El debate continúa abierto entre quienes consideran que las cámaras salvan vidas y quienes aseguran que detrás de las fotomultas existe un negocio multimillonario sostenido por millones de automovilistas sancionados cada año.