Foto: Aristegui Noticias
Este jueves un Juez de Distrito concedió una suspención provisional de la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg), tras un juicio promovido por empresarios guanajuatenses.
Sin embargo, el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de un comunicado aclaró que ya no es posible está suspensión provisional dictada para evitar la extinción del fideicomiso: “es necesario puntualizar que la extinción del FIDESSEG ya se concretó en los términos del decreto correspondiente, tratándose de un acto consumado. Por lo tanto, confiamos en que el Juez de Distrito analizará este contexto al resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva y las pretensiones de la parte quejosa”.
Sin embargo, reiteraron su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones y la pluralidad de opiniones en torno a la extinción del fideicomiso FIDESSEG y la transición hacia un modelo más eficiente para el uso de los recursos provenientes del impuesto sobre nómina.
“Reconocemos la importancia de los mecanismos legales que garantizan el acceso a la justicia para cualquier ciudadano u organización que considere vulnerados sus derechos. Por ello, este gobierno ha rendido puntualmente los informes previos solicitados por el juzgado y continuará dando seguimiento al juicio de amparo, agotando todas las instancias judiciales pertinentes, en estricto apego a la ley”, dice el comunicado.
Además, reiteraron que la extinción del FIDESSEG fue una decisión tomada en beneficio de la sociedad, pues el nuevo modelo de atención a organizaciones civiles y sectores económicos lo han diseñado para preservar la integridad de los recursos, garantizar su correcta aplicación, y promover una mayor eficiencia en su impacto social.
“No fue una decisión tomada de manera improvisada ni unilateral, sino como resultado de un análisis exhaustivo que consideró los retos actuales en la administración de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer el impacto social y económico de dichos fondos”.
“Con este cambio, buscamos garantizar mayor transparencia, eficacia y vinculación directa con las prioridades del desarrollo económico estatal, sin dejar de lado la participación empresarial”, indica.