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En el Congreso del Estado de Guanajuato fue presentada una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para reformular el tipo penal de terrorismo e incrementar su sanción, así como agregar la amenaza y el encubrimiento para cometer terrorismo.

El diputado Alejandro Arias Ávila se refirió a lo acontecido en los últimos días en los municipios de Jerécuaro, Acámbaro, Celaya e Irapuato en el que instituciones de seguridad pública han sufrido ataques armados.

También habló de los antecedentes históricos, la forma en cómo son abordados estos actos ante medios de comunicación, los tipos penales vigentes en América Latina, así como la influencia del narcotráfico y sus sanciones en otros países.

El legislador enfatizó que las sanciones actuales y legislación son obsoletas y requieren adecuaciones de proporcionalidad y homologación legislativa.

“Consideramos que a la fecha este tipo es insuficiente comprender sólo los delitos de corte políticos y debe evolucionar a expandir la protección a conductas que hoy aquejan a esta entidad y que sin duda alguna generan terror en la población o algún sector, por lo que obviamente constituyen el delito de terrorismo”.

“Sin ir más lejos, los explosivos utilizados contra instalaciones de corporaciones policiales y las constantes amenazas que ciertos grupos delictivos dirigen a través de los diversos medios de comunicación moderna o redes sociales, con el fin de infundir miedo a sus competidores de territorio, a los integrantes de corporaciones policiales y a la sociedad en general”, enfatizó.

Arias Ávila mencionó la postura que se ha tenido a nivel federal al respecto, y dijo que el gobierno no debería querer confundir, ya que hay actos terroristas no sólo en Guanajuato sino en otros estados, y que a diario eran testigos, a través de las noticias, sin que el gobierno federal quiera reconocer ese fenómeno.

Agregó que debía actuar legislativamente y que la entidad debía ser uno de los primeros estados en que se legisle y consideren esos ataques como delito de terrorismo con las consecuencias legales correspondientes, como son la propia agravación de la pena y el concurso con otros delitos que cometan.

La propuesta busca ampliar el contexto de conductas que deben ser consideradas como acciones de terrorismo como todos aquellos actos realizados contra instalaciones de seguridad pública estatal o municipal, o bien, los cometidos contra su personal administrativo y policial.

Además, icorporar como terrorismo los ataques contra la población civil en espacios públicos, comerciales, de servicio público concesionado o de eventos colectivos, o la simple amenaza de ataques de esta naturaleza mediante redes sociales o de cualquier medio informativo; e incluir como terrorismo la conducta que tenga como finalidad reprimir las funciones de cualquier autoridad administrativa o de seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como el ataque sistemático contra sus integrantes.

También, argumentó que proponía que el acto de preparación de un acto terrorista sea considerado como tal, y establecer una sanción específica para el encubridor del delito de terrorismo, entre otros aspectos.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.