El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Guanajuato en materia del Poder Judicial, en concordancia con los cambios recientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta destaca la importancia de la democratización en la elección de jueces, magistrados y ministros, estableciendo que estos cargos sean definidos a través del voto directo de la ciudadanía. Los legisladores argumentan que esta reforma es crucial para las entidades federativas, pues es en los ámbitos locales donde se llevan a cabo las actividades jurisdiccionales más cercanas a la población.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentra la reestructuración del Poder Judicial a nivel estatal mediante la conformación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se plantea un nuevo mecanismo de elección y designación de jueces y magistrados, con criterios específicos sobre requisitos, prohibiciones, evaluación de desempeño y causales de remoción.
La propuesta también enfatiza el respeto a los derechos laborales de quienes actualmente integran el Poder Judicial, asegurando que la reforma no afectará sus condiciones de trabajo. Además, se incorpora la obligación de los órganos jurisdiccionales de informar al Tribunal de Disciplina Judicial en caso de retrasos en los procesos penales, cuando los plazos establecidos para dictar sentencia hayan sido superados.
Otro aspecto relevante es la facultad del Congreso del Estado para presentar propuestas de candidatos a jueces y magistrados, así como para autorizar o rechazar solicitudes de licencia superiores a seis meses o renuncias dentro del Poder Judicial.
La iniciativa también contempla la creación de un Tribunal específico encargado de la disciplina judicial, la incorporación de la Comisión Unitaria del Tribunal de Disciplina Judicial como órgano resolutor y la evaluación periódica del desempeño de los juzgadores. Además, se establece que el organismo electoral local será el encargado de otorgar constancias de mayoría y validar la integración del Poder Judicial.
El documento fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, con lo que se inicia el proceso legislativo para determinar su viabilidad y posibles ajustes antes de su eventual aprobación.