Sobre la reforma judicial impulsada por el presidente de México Andrés López Obrador, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato expuso su postura en contra y su compromiso con la impartición de justicia a favor de la sociedad guanajuatense.
La propuesta del presidente López Obrador, establece que Jueces y Magistrados serán electos por voto directo y secreto de la ciudadanía.
Además, contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un Órgano de Administración Judicial, desapareciendo el Consejo del Poder Judicial y separando del cargo a las personas juzgadoras que serán reemplazadas por los jueces electos.
A través de un comunicado las y los Jueces, Magistrados y Consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, refrendaron su compromiso con la impartición de justicia y reiteraron que la independencia judicial la garantiza a favor de la sociedad con la designación del Juzgador, obedeciendo a criterios objetivos de selección, a través del concurso de oposición, el respeto de los derechos adquiridos de quienes prestan el servicio de administración de justicia y el que únicamente estén sometidos a la Ley, libres de todo compromiso.
El comunicado fue firmado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, . Héctor Tinajero Muñoz.
“Se debe entonces respetar la designación de los cargos jurisdiccionales por carrera judicial, como un medio que garantiza la imparcialidad e independencia, así como la eficacia, eficiencia, excelencia profesional, probidad y rectitud en la prestación del servicio, y en consecuencia, los derechos adquiridos de quienes prestan el servicio de administración de justicia”.
“En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, las personas juzgadoras que operan los diversos sistemas son sometidos a una constante evaluación por la Visitaduría, la Contraloría y el Sistema de Evaluación al Desempeño. La función jurisdiccional también está constantemente supervisada a través de los sistemas de recursos y Juicio de Amparo de manera que el justiciable en todo momento puede debatir el sentido de la resolución que considera transgrede sus derechos y ésta es revisada por Tribunales superiores”.
“La transparencia en la función jurisdiccional se garantiza a partir del sistema de audiencias públicas, aunado a ello, el Poder Judicial emite una versión pública por cada sentencia consultable en el Portal institucional, siendo así que el Juzgador constantemente está sometido a una evaluación pública en su actuar”, expuso el Poder Judicial de Guanajuato a través de un comunicado.
Este poder estatal también destacó que las persona Juzgadora se capacita y actualiza constantemente, a través de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, la especialización es fundamental, pues se operan 9 subsistemas de impartición de justicia en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato: Civil, Oralidad Familiar, Oralidad Mercantil, Laboral, Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ejecución, Penal Tradicional, Sistema Acusatorio Adversarial y Juzgados Menores.
Y que además, actualmente, están en proceso de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implica el cambio de paradigma en la operación para la materia civil, con una nueva regla procesal y el sistema oral, lo que exige una fuerte inversión en recursos materiales y una capacitación intensiva, lo que significa un reto para la persona juzgadora y una especialización para la función.
La reforma judicial del presidente alcanza, no solo al Poder Judicial de la Federación sino también a los Estados, situación que acuerdo al Poder Judicial de Guanajuato “trastoca el derecho a la carrera judicial, permanencia y ascenso de todos los miembros del Poder Judicial”.
En su artículo octavo transitorio determina que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones a sus Constituciones locales y establece que la renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales, refiriéndose a Jueces y Magistrados, deberá concluir a más tardar en la elección federal ordinaria del año 2027.