El proyecto del vehículo eléctrico mexicano Olinia, impulsado por el Gobierno Federal como una apuesta para revolucionar la movilidad en el país, enfrenta cuestionamientos desde la industria automotriz. Para la Asociación Mexicana Distribuidora de Automotores de Guanajuato (AMDA), las principales dudas no están en el diseño o en el precio, sino en dos temas de fondo: la seguridad del vehículo y el hecho de que sea el propio gobierno quien encabece el proyecto.

Arturo González Palomino, presidente ejecutivo de la AMDA Guanajuato, consideró que antes de pensar en vender Olinia a los ciudadanos, primero debe demostrarse que cumple con los estándares de seguridad que cualquier familia exigiría al comprar un automóvil.

“Si vas a comprar un vehículo, mínimo que tu familia vaya segura”, afirmó.

¿Quién garantiza que es seguro?

Aunque el Gobierno Federal ha presentado a Olinia como el primer vehículo eléctrico popular desarrollado en México, González Palomino señaló que aún falta conocer información clave sobre las pruebas que deberá superar antes de llegar a las calles.

“Hay que analizar cómo lo están presentando, qué normativas de seguridad están teniendo”, dijo.

Explicó que cualquier automóvil debe ser sometido a pruebas de colisión, resistencia, desempeño mecánico y comportamiento en distintas condiciones antes de considerarse apto para transportar personas.

“Vamos a meterlos a analizar colisión, vamos a meterlos a analizar temperatura, respuesta de llantas”, comentó.

Incluso, aseguró que por las imágenes mostradas hasta ahora, el vehículo le genera dudas respecto a su robustez.

“Lo que yo veo, pues se ven padres, pero pareciera más un carrito de golf que un carrito normal. Porque aparte va a ir a 50 kilómetros por hora”, expresó.

El dirigente recordó que existen vehículos ligeros que no cumplen con las mismas exigencias de seguridad que un automóvil tradicional y advirtió que Olinia deberá demostrar claramente bajo qué normativas será evaluado.

“Que los funcionarios lo usen primero”

Ante las interrogantes sobre la seguridad del proyecto, González Palomino consideró que quienes impulsan el vehículo deberían ser los primeros en demostrar su confianza en él.

La propuesta surge de una idea sencilla: si el automóvil es suficientemente seguro para las familias mexicanas, también debería serlo para los funcionarios que lo promueven.

Antes de ponerlo en manos de miles de ciudadanos, señaló, sería deseable que el proyecto demostrara en condiciones reales que puede proteger a sus ocupantes.

“El gobierno no debería ser empresario”

Pero las críticas no terminan en la seguridad.

Para el representante de la AMDA, el mayor debate alrededor de Olinia es que el Estado se esté involucrando directamente en la fabricación de automóviles.

“Para mí la verdad es que el gobierno no debería ser empresario, debería estar apoyando empresarios a construir un vehículo”, sostuvo.

A su juicio, México cuenta con emprendedores, ingenieros y empresas capaces de desarrollar proyectos automotrices si reciben apoyo gubernamental, por lo que el papel de la autoridad debería ser impulsar la inversión y la innovación, no convertirse en fabricante.

“Deberíamos estar apoyando emprendedores (…) más bien se les dé apoyo a ellos más que el gobierno saque su propio automóvil”, afirmó.

Incluso advirtió sobre los riesgos financieros de este tipo de iniciativas.

“Cuando el gobierno es empresario, las ganancias se las reparten entre ellos, pero las pérdidas se las reparten entre todos”, declaró.

Un experimento que deberá convencer a los mexicanos

Olinia forma parte de la estrategia federal para desarrollar vehículos eléctricos accesibles y fabricados en México. El proyecto contempla unidades compactas para movilidad urbana con un precio estimado desde los 150 mil pesos.

Sin embargo, para González Palomino, el éxito del proyecto no dependerá de los anuncios ni de la inversión pública, sino de demostrar que puede competir como cualquier otro vehículo del mercado.

“Yo creo que tenemos que ver a Olinia como un experimento, esperemos que no sea fallido”, dijo.

Mientras el Gobierno apuesta por convertirlo en un símbolo de innovación nacional, desde la industria automotriz surge una advertencia: antes de venderlo a las familias mexicanas, Olinia deberá probar que es seguro y que no terminará convirtiéndose en otro costoso experimento financiado con recursos públicos.