Hace 26 años, Celaya vivió una de las peores tragedias de su historia: las explosiones del llamado “Domingo Negro”, que dejaron oficialmente 72 personas fallecidas y más de 350 lesionadas.
Aquel día, el 26 de septiembre de 1999, quedó marcado en la memoria colectiva por el dolor, la indignación y el impacto social que causó.
La tragedia ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en una bodega de la calle Antonio Plaza, casi esquina con Felipe Ángeles. En el sitio se almacenaban de manera ilegal cuatro toneladas de pólvora y fuegos artificiales dentro de la “Abarrotera Celaya”.
Primero vino una explosión, luego una segunda, mucho más fuerte, que causó la mayor parte de las muertes, y finalmente una tercera detonación que terminó por devastar la zona.
El panorama fue desolador: cuerpos calcinados, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales, pero sobre todo un dolor moral que aún perdura.
Aunque las cifras oficiales hablan de 72 víctimas mortales, autoridades religiosas y familiares aseguraron que el número real fue mayor.
Tras las investigaciones, la única persona sancionada fue Angélica Vargas Bocanegra, dueña de la abarrotera, condenada a 10 años y 4 meses de prisión. Cumplió su condena en 2018 y quedó en libertad. Su esposo, Ignacio Ojeda, también propietario del negocio, murió en el lugar de la explosión.
Los afectados nunca recibieron reparación del daño y la lucha legal concluyó en 2017, con la muerte de Florencio López Ojeda, líder de los sobrevivientes y familiares de víctimas.
Hoy, en el sitio de la tragedia funciona el negocio “Desechables y Botanas Lupita”. Cada año, a la hora exacta de las explosiones, cierra sus puertas unos minutos para permitir un acto religioso en memoria de los caídos.
A pesar de la veda establecida tras la tragedia para evitar el almacenamiento de pirotecnia, en la ciudad el estruendo de cohetes sigue siendo cotidiano, lo que muchos consideran una dolorosa muestra del olvido oficial.
El “Domingo Negro” de Celaya sigue siendo recordado como una de las páginas más tristes de la historia guanajuatense. Para las familias de las víctimas, es una herida que permanece abierta, y un recordatorio de las consecuencias de la negligencia y la falta de justicia.
