Los propietarios originales de palcos y plateas del Estadio León, Octavio López de Alba y Ramón Delgado Muñoz, integrantes de la asociación civil denominada Club Social y Deportivo León, A.C., dieron a conocer información relacionada con un crédito fiscal que, aseguran, asciende actualmente a cerca de 398 millones de pesos y que podría derivar en el aseguramiento de recursos vinculados con la organización.
Durante una exposición ante medios de comunicación, los palcohabientes señalaron que el origen del conflicto estaría relacionado con operaciones de compraventa realizadas en 2021 sobre terrenos vinculados al Estadio León y otras propiedades.
De acuerdo con su explicación, el crédito fiscal se habría generado luego de que en dichas operaciones no se retuvieran los impuestos correspondientes, situación que posteriormente habría sido detectada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De 313 a casi 400 millones de pesos
Los representantes de los palcohabientes explicaron que el adeudo originalmente habría sido de aproximadamente 313 millones de pesos, pero con actualizaciones y otros conceptos habría aumentado hasta alcanzar alrededor de 398 millones de pesos.
Aseguraron que el SAT mantiene registrado el adeudo a nombre de Club Social y Deportivo León, A.C., por lo que, mientras dicha asociación continúe registrada fiscalmente, la autoridad podría exigir el pago del crédito.
“Al SAT nadie deja de pagar impuestos”, señalaron durante la exposición, al considerar que la autoridad fiscal buscará garantizar el cobro del adeudo.
Advierten posible aseguramiento de recursos
Uno de los puntos que destacaron fue la posibilidad de que las autoridades financieras busquen recursos para garantizar el crédito fiscal.
Según los palcohabientes, actualmente existirían recursos económicos derivados de las operaciones de compraventa que podrían ser objeto de aseguramiento, debido a que —afirman— no se habrían localizado otros bienes suficientes para garantizar el adeudo.
Incluso mencionaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendría conocimiento de la situación y podría determinar, en su caso, el congelamiento de cuentas.
No obstante, los propios palcohabientes reconocieron que hasta el momento no se ha concretado dicho aseguramiento, por lo que se trata de una posibilidad que, dijeron, podría ocurrir una vez que las autoridades determinen las acciones correspondientes.
Cuestionan la validez de las operaciones de 2021
López de Alba y Delgado Muñoz también cuestionaron la personalidad jurídica con la que se habrían realizado las operaciones inmobiliarias de 2021.
Su argumento central es que Club Social y Deportivo León, A.C. ya no tendría personalidad o legitimación para realizar determinadas operaciones sobre los terrenos, por lo que consideran que las escrituras podrían ser objeto de revisión.
Los palcohabientes señalaron que las operaciones se realizaron en junio y julio de 2021 y que posteriormente el SAT habría solicitado documentación al Registro Público para revisar las transacciones y determinar las obligaciones fiscales correspondientes.
A su juicio, esta revisión podría tener consecuencias tanto fiscales como jurídicas.
También cuestionan pagos realizados por el municipio
Durante la exposición, los representantes de los palcohabientes señalaron que el Municipio de León ya habría realizado diversos pagos relacionados con el conflicto por los terrenos, entre ellos 55 millones de pesos por el terreno y alrededor de 12.5 millones de pesos derivados de una sentencia de un juicio de 2011.
Por ello, rechazaron que actualmente se pretenda realizar un nuevo pago cercano a los 400 millones de pesos y sostuvieron que, desde su perspectiva, el municipio no debería entregar más recursos mientras no se esclarezca plenamente la situación jurídica y fiscal.
“No se debe pagar un solo peso”, afirmaron.
Piden esclarecer el destino de los recursos
Los dueños originales de palcos y plateas insistieron en que las autoridades deben revisar a fondo las operaciones realizadas alrededor de los terrenos del Estadio León y determinar quiénes tienen actualmente derechos y obligaciones sobre los recursos derivados de dichas transacciones.
También señalaron que el caso podría adquirir dimensiones mayores si las autoridades fiscales y financieras confirman las irregularidades que ellos denuncian.
Por ahora, el punto central de la controversia es un crédito fiscal que, según la documentación mostrada por los palcohabientes, habría pasado de aproximadamente 313 millones a cerca de 398 millones de pesos, así como la posibilidad de que las autoridades busquen garantizar ese adeudo con recursos vinculados a la operación.