La iniciativa busca aliviar el golpe al bolsillo de las familias durante el regreso a clases y actualizar los beneficios fiscales que, aseguran, no han cambiado al ritmo del costo de la educación.
El regreso a clases no solo representa el reencuentro con las aulas; para miles de familias también significa hacer cuentas para cubrir inscripciones, útiles, uniformes y colegiaturas. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato propuso ampliar los gastos educativos que pueden ser deducidos de impuestos.
La iniciativa, presentada junto con la Representación Parlamentaria del PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González, plantea reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para que las familias puedan obtener un mayor beneficio fiscal por los recursos que destinan a la educación de sus hijas e hijos.
La diputada Susana Bermúdez Cano señaló que los límites actuales para deducir algunos gastos educativos prácticamente no han cambiado desde 2011, mientras que los costos relacionados con la educación han aumentado considerablemente.
¿Qué gastos buscan incluir?
La propuesta plantea actualizar las deducciones personales y ampliar los conceptos que podrían considerarse para este beneficio, entre ellos:
- Inscripciones y reinscripciones.
- Colegiaturas.
- Útiles escolares.
- Uniformes.
Además, se propone que los montos se actualicen mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con el objetivo de que el beneficio no vuelva a quedarse rezagado con el paso de los años.
De acuerdo con la legisladora, incorporar estas reglas directamente en la Ley del ISR también permitiría brindar mayor certeza a las familias y contribuyentes sobre qué gastos pueden deducir y bajo qué condiciones.
Buscan reducir la presión económica
El planteamiento surge en un momento en que las familias deben enfrentar diversos gastos al comenzar un nuevo ciclo escolar. La intención, explicó Bermúdez Cano, es que invertir en la educación de los hijos no represente una carga económica tan pesada.
La propuesta aclara que este beneficio fiscal no pretende sustituir la responsabilidad del Estado de garantizar la educación pública, sino funcionar como una medida adicional para ayudar a reducir parte de los gastos que enfrentan los hogares.
Ahora la iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en una modificación efectiva a la legislación fiscal.
Si prospera, el cambio podría representar un alivio para las familias que cada año deben ajustar su presupuesto para que sus hijos puedan continuar con sus estudios.