Con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar mejores condiciones de vida, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) y la representación del PRD presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que propone la creación de una pensión no contributiva para este sector de la población.
El diputado Jesús Hernández Hernández explicó que esta propuesta nace directamente de las demandas de personas con discapacidad y busca consolidar este apoyo como un derecho, con enfoque de equidad y dignidad.
“Esta iniciativa coloca en el centro lo que llamamos justicia social, que significa reconocer a las personas con discapacidad con una perspectiva de dignidad. Hoy eso cambia, hoy se presentan avances”, señaló el legislador.
La iniciativa plantea la incorporación del concepto de “discapacidad permanente”, con el fin de brindar mayor certeza jurídica y evitar interpretaciones que puedan afectar el acceso a los apoyos.
Asimismo, se define la pensión no contributiva como un derecho que no se limitaría únicamente a apoyos económicos, sino que podría incluir bienes, servicios de salud, rehabilitación, transporte adaptado y ayudas técnicas, o incluso una combinación de estos, dependiendo de las necesidades de cada persona.
“No se trata sólo de entregar un recurso, sino de construir condiciones para la inclusión social, la autonomía personal y el ejercicio efectivo de derechos”, agregó Hernández Hernández.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la coordinación entre el estado y los municipios, con el fin de evitar programas aislados y sin continuidad, apostando por un esquema de responsabilidad interinstitucional.
Además, se propone la creación de un Padrón Estatal de Personas Beneficiarias, que permita identificar a las y los beneficiarios, mejorar la transparencia y evaluar los resultados de las políticas públicas dirigidas a este sector.
La propuesta también contempla reglas de operación claras para este beneficio, así como la obligación de garantizar anualmente la asignación de recursos suficientes para su implementación.
“Es decir, la ley no se queda en declaraciones; obliga a planear, presupuestar y ejecutar”, concluyó el legislador.