En medio de tanto ruido político —del que distrae más de lo que aporta— hay temas que pasan sin reflectores, pero que deberían estar al centro. Este es uno de ellos.

Hoy, niñas, niños y adolescentes no solo crecen en la escuela o en casa. Crecen en redes, en videojuegos, en plataformas que no siempre entendemos del todo. Ahí conviven, aprenden… pero también se exponen. A contenidos que no corresponden a su edad, al uso indebido de sus datos, al acoso que no siempre se ve, pero sí se siente.

El miércoles pasado se aprobaron dos iniciativas en la legislatura federal que van justo a ese punto: reconocer que el entorno digital también es un espacio de desarrollo y, por lo tanto, debe ser un espacio protegido. No es un tema menor. Hablar de controles parentales, de clasificación de contenidos o de identidad digital no es burocracia, es empezar a cerrar una puerta que llevaba tiempo abierta.

Porque la realidad es esta: la tecnología avanzó más rápido que la ley. Y mientras eso pasaba, la infancia quedó en medio, sin reglas claras, sin protección suficiente y, muchas veces, sola frente a riesgos que no dimensionamos.

Aquí no se trata de prohibir ni de alarmar. Se trata de entender que la protección de la niñez tiene que evolucionar al mismo ritmo que su entorno. Y ese entorno ya es digital.

En ese contexto, hay que decirlo como es. Más allá del contenido —que ya es relevante por sí mismo—, lo que logró el diputado federal leonés Alan Márquez tiene valor. No solo por empujar el tema, sino por sacarlo adelante en un Congreso donde el acuerdo no es común y menos viniendo desde la oposición, construir consenso en algo tan sensible habla de oficio, pero también de entender dónde sí vale la pena coincidir. Y en la niñez, debería ser siempre.