Con la intención de frenar uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía, las y los diputados del PAN y del PRD en el Congreso de Guanajuato presentaron una iniciativa que busca endurecer las sanciones por extorsión y armonizar la legislación estatal con la normativa federal.

El objetivo principal de la propuesta es que el delito de extorsión sea considerado como causa de prisión preventiva oficiosa, es decir, que las personas acusadas de este delito permanezcan en prisión mientras se lleva a cabo su proceso judicial, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad. Con ello, buscan dar certeza jurídica y cerrar vacíos legales que actualmente permiten que algunos agresores evadan sanciones adecuadas.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó que el combate a la extorsión debe ser una prioridad para los gobiernos locales y que no basta con castigos severos: se requiere de una atención integral desde el ámbito municipal y estatal.

“El gobierno nacional ha enviado señales de que el delito de extorsión es prioritario y desde lo local se ha acompañado”, afirmó Romero Hicks.

El legislador también hizo hincapié en que esta reforma representa un paso importante hacia la coherencia normativa entre las leyes federales y estatales, al tiempo que fortalece el principio de soberanía y no intervención.

Además, advirtió que la extorsión representa una amenaza directa al Estado de derecho:

“Quien cobra no es simplemente un delincuente, se convierte en un sustituto del Estado, amenaza, sanciona y cobra. Es una soberanía criminal adaptada a una ausencia institucional de omisiones locales y nacionales”, puntualizó.

Con esta propuesta, PAN y PRD buscan enviar un mensaje firme: la extorsión no quedará impune y se tomarán medidas legislativas concretas para proteger a las víctimas y frenar el avance del crimen organizado en Guanajuato.