La Cámara de Diputados aprobó esta semana una reforma que garantiza que los aumentos del salario mínimo en México superen siempre la tasa de inflación general.
Con un amplio respaldo, el dictamen recibió 478 votos a favor, siendo aprobado de manera unánime, y será enviado al Senado mexicano para su evaluación y posterior ratificación.
Además, esta reforma establece que los trabajadores del nivel básico en el sector público, así como policías, elementos de la Guardia Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros, deberán recibir al menos el salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El cambio contempla una modificación al artículo 123 de la Constitución, que se refiere al derecho al trabajo, y, de acuerdo con sus disposiciones transitorias, el salario promedio mensual para estos trabajadores se fijará inicialmente en 16,777.78 pesos, cifra que se registró a finales de 2023 y se ajustará a la inflación proyectada para 2024.
Este monto será revisado y actualizado cada 1 de enero, conforme a la inflación anual del país, tal como se estipula en el documento legislativo.
La diputada Lucero Higareda, enfatizó que con esta reforma ningún trabajador sufrirá una disminución en su poder adquisitivo debido al alza en los precios.
“Esto es un reconocimiento al valioso aporte de los trabajadores a nuestra sociedad. Representa un paso hacia la dignificación de sus labores y un avance significativo en justicia social”, manifestó.
La diputada Martha Amalia Moya Bastón, advirtió que, aunque un salario mínimo más alto puede beneficiar a los trabajadores a corto plazo, sus efectos a largo plazo podrían tener repercusiones negativas.
“El aumento del salario mínimo no es una solución única; es fundamental implementar estrategias adicionales para crear empleos con mejores salarios”, argumentó.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, resaltó que el objetivo de la reforma es sostener un aumento en el salario, que ha incrementado cerca del 110% en términos reales durante el último sexenio.
Insistió en que para construir un Estado de bienestar, es esencial modificar las condiciones sociales de producción a favor de los trabajadores, hasta alcanzar una capacidad adquisitiva equivalente a dos y media canastas básicas.
La reforma es parte de un paquete de 20 modificaciones constitucionales que se presentaron el 5 de febrero pasado y se suma a 15 reformas laborales destinadas a beneficiar a los trabajadores durante esta administración (2018-2024), que incluyen la eliminación de la tercerización, la promoción de la libre sindicalización y la creación de un fondo de pensiones, entre otros.