El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado propuso reformar la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato a fin de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales preste sus servicios valuatorios en los procesos de compra y arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado.
La iniciativa busca que los bienes que enajene, adquieran o arrienden los sujetos obligados, tengan el valor más justo que resulte posible, y evitar las formas que suelen adoptar la corrupción ciertos servidores públicos de alterar el valor nominal de los bienes que forman parte del objeto de contratos administrativos que lleva a cabo el Estado, señaló la diputada priista Celeste Gómez Fragoso.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que existen dos formas de acceder a los servicios de valuación que presta el instituto: uno es como institución pública promovente y la otra que vía convenio con el Estado.
La propuesta busca eliminar la corrupción que priva en las adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado.
“La sociedad repudia el desleal ejercicio de quien se enquista en posiciones de poder desde donde debiera brindar un servicio público honesto, pero sólo las ocupa para medrar en su propio beneficio o el de sus allegados”, señaló la legisladora.
El avalúo, cuando proceda, o la justipreciación, deben de practicarse por una institución seria que históricamente ha trabajado con el objetivo de cuidar, administrar y dictaminar el justo valor del patrimonio federal, en este caso por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, refirió la diputada.
Celeste Gómez señaló que es un hecho notorio e incontrovertible que la corrupción es un fenómeno que ha permeado a las más diversas estructuras institucionales, que no ha respetado niveles de mando y que es multifacética en su presentación.
La actual legislación no prevé un alto grado de garantía de fidelidad en la realización de los avalúos cuando éstos se requieran, para preservar el patrimonio del Estado.
Apuntó que con el objeto de garantizar la adecuada valuación del patrimonio del Estado se hace necesario contar con un marco normativo que permita unificar la utilización de conceptos, técnicas y procedimientos valuatorios congruentes con las normas internacionales de valuación.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su respectivo análisis y dictamen.