A cinco días de presentada la denuncia, autoridades estatales lograron la primera vinculación a proceso en Guanajuato bajo la nueva Ley General contra la Extorsión, tras desarticular un intento de cobro violento en la ciudad de León.
El caso marca un precedente en la aplicación del nuevo marco legal, que entró en vigor este mes de diciembre y endurece las sanciones contra este delito, uno de los que más temor genera entre familias y comercios.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los imputados Cristóbal “N” y Brandon Daniel “N” fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban consumar el cobro de una extorsión, luego de haber amenazado a la víctima y a su familia, presuntamente haciéndose pasar por integrantes de un grupo delictivo.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre, cuando los señalados arribaron armados y en vehículos al domicilio de la víctima, donde exigieron el pago de una cantidad de dinero bajo el argumento de una supuesta deuda. Durante el acto, lanzaron amenazas de muerte y establecieron un plazo para la entrega del efectivo.
Tras la denuncia ciudadana, la Fiscalía activó protocolos de atención a víctimas y conformó un equipo de investigación que, mediante labores de inteligencia y un operativo estratégico, logró su detención y el aseguramiento de dinero en efectivo presuntamente producto del delito.
Hasta 37 años de prisión
Con los datos de prueba presentados, un juez calificó como legal la detención y resolvió vincularlos a proceso por extorsión agravada, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar. De ser encontrados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, conforme a la nueva legislación.
Este caso es el primero judicializado con éxito en Guanajuato bajo la nueva ley y refleja, según autoridades, la importancia de la denuncia ciudadana para activar mecanismos de protección y respuesta rápida.
En un contexto donde la extorsión se ha convertido en una preocupación constante para la población, el resultado abre la puerta a una aplicación más contundente del marco legal recién aprobado y envía un mensaje sobre las consecuencias penales de este delito.