Las amenazas que comenzaron con mensajes y exigencias de dinero terminaron escalando hasta ataques a balazos. En otro caso, el llamado “cobro de piso” llegó a través de WhatsApp. Ambos hechos forman parte de investigaciones que permitieron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detener y llevar ante un juez a cuatro presuntos extorsionadores.

La Unidad Especializada en Combate a la Extorsión (UECSE) identificó, mediante labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, a tres hombres presuntamente relacionados con una estructura criminal que habría amenazado y atacado a una familia dedicada al comercio en Salamanca.

La investigación comenzó en julio de 2026, después de que los comerciantes denunciaran que sus establecimientos eran vigilados y que sujetos desconocidos acudían a entregar mensajes intimidatorios para exigir una importante cantidad de dinero.

Conforme avanzaron las amenazas, los presuntos responsables demostraron conocer información personal de los integrantes de la familia, así como sus domicilios y negocios. Las investigaciones establecieron que parte de esos datos presuntamente habría sido proporcionada por una persona cercana al entorno de las víctimas.

La situación se volvió todavía más grave cuando uno de los establecimientos fue atacado a balazos. Días después, dos mujeres fueron lesionadas por disparos realizados desde una motocicleta afuera de otro negocio de la familia.

Con el análisis de los datos obtenidos, agentes de investigación criminal y peritos identificaron a los presuntos involucrados y reunieron elementos para solicitar órdenes de aprehensión.

Aarón Armando “N”, Gael Emiliano “N” y Rodrigo “N”, fueron llevados ante la autoridad judicial por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio calificado.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso de los tres acusados. Además, un juez determinó que deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Un ex funcionario, también bajo proceso

En una investigación independiente, la UECSE también detuvo a Javier “N”, ex servidor público de una institución en Cortazar, señalado como probable responsable de extorsión agravada contra propietarios de un establecimiento comercial ubicado en la Sierra de Santa Rosa.

El caso comenzó después de que las víctimas recibieran mensajes de WhatsApp en los que se les exigía el pago de “cobro de piso”. El presunto extorsionador habría asegurado conocer a los familiares de las víctimas y sus negocios, además de amenazar con llevarse a alguno de sus familiares si no entregaban el dinero solicitado.

La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión y posteriormente llevó al ex funcionario ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso por extorsión agravada y le impuso prisión preventiva.

51 vinculados y 36 sentenciados en 2026

La Fiscalía estatal informó que, en lo que va de 2026, 51 personas han sido vinculadas a proceso por el delito de extorsión y 36 han recibido sentencias condenatorias.

Tan solo durante julio, la UECSE consiguió seis vinculaciones a proceso y cinco sentencias condenatorias por casos registrados en municipios como Celaya, Apaseo el Alto, Valle de Santiago y Salamanca.

En junio se obtuvieron siete vinculaciones y siete sentencias, derivadas de investigaciones en Salamanca, León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Jaral del Progreso.

De enero a mayo se habían contabilizado 34 vinculaciones a proceso y 24 sentencias condenatorias.

Los casos investigados han afectado a comerciantes, carnicerías, restaurantes y otros establecimientos de alimentos, plazas comerciales, consultorios, cafeterías, así como personas relacionadas con actividades automotrices, inmobiliarias, servicios profesionales y organizaciones de asistencia social.

La Fiscalía señaló que detrás de cada caso existe un proceso de investigación que incluye inteligencia, entrevistas, análisis de información, trabajo de campo y recopilación de datos de prueba.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas relacionadas con estas estructuras y esclarecer por completo los hechos.