El exfuncionario permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y enriquecimiento ilícito.
Jaime “N”, fue vinculado a proceso penal, investigado por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el presunto uso indebido de recursos públicos del municipio de Apaseo el Alto.
De acuerdo con las investigaciones, hasta el momento se ha identificado un posible perjuicio patrimonial de 107 millones 982 mil 343 pesos, dinero público cuyo destino continúa bajo investigación.
Las indagatorias comenzaron en marzo de 2026, luego de una denuncia que alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos municipales. A partir de ese momento, agentes del Ministerio Público, investigadores, peritos y analistas realizaron entrevistas y revisaron información patrimonial, financiera, fiscal, bancaria y contable.
Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Jaime “N”, quien fue detenido el pasado 26 de julio en San Juan del Río, Querétaro, mediante un operativo coordinado con autoridades de esa entidad.
Tras la audiencia correspondiente y luego de que la defensa solicitara el plazo constitucional, el 31 de julio un juez de Control determinó vincularlo a proceso por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como enriquecimiento ilícito.
Como medida cautelar, el juez ordenó que permanezca en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso penal.
Además, estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo y fortaleciendo las pruebas relacionadas con el caso.
La autoridad estatal señaló que el presunto desvío o uso indebido de recursos públicos puede afectar directamente a la población, al limitar obras, servicios y proyectos que deberían beneficiar a las comunidades.
Cabe señalar que la vinculación a proceso no representa una sentencia, sino que permite continuar el procedimiento penal mientras se determina la responsabilidad del imputado conforme a la ley.