Argüir ‘razones de seguridad’ para negar la difusión del costo de los contratos que el gobierno, los gobiernos pagan a proveedores de tecnología y otros en ese ramo fue, ha sido siempre, un argumento rupestre.

A ningún informador en su sano juicio –los habrá lejos de su sano juicio, pero esos no cuentan-, se le ocurriría solicitar pormenores sobre la distribución de armas y personas en las estrategias de vigilancia en las urbes o en los penales, por ejemplo, ¿pero qué demonios tiene que ver eso con las cifras que se pagan a los contratistas?: Nada. Sin embargo, durante años esa fue ‘información clasificada.’ De risa loca.

Bueno, pues, agradeciblemente, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, decidió romper la inercia corrupta de sus antepasados –no tanto, dejémoslo en antecesores en el encargo-. La semana anterior, Libia ordenó ‘abrir’ los contratos que el gobierno de Guanajuato ha firmado -en su Administración, incluso-, con la empresa ‘Seguritech’, sí la proveedora de ‘los nintendos’ con los que jugaron el exfiscal Carlos Zamarripa y el exsecretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca y, casualmente, la tenedora, al menos uno de sus directivos, de la propiedad de la residencia en Houston, Tx., en la que vive la familia del exgobernador Diego Rodríguez. De ese tamaño.

Efectivamente, el gobierno de Guanajuato dio un volantazo en su política de transparencia al lanzar la plataforma digital ‘Seguridad Abierta’, que por primera vez pone a disposición pública ‘la información financiera, técnica y operativa’ sobre el uso de tecnologías aplicadas a la seguridad ¡Zaz!

De entrada esto es un asunto grande. La gestión de la gobernadora Libia Denisse rompe la inercia de los gobiernos de Miguel Márquez y Diego Rodríguez, seguramente los más oscuros de la gestión del PAN en Guanajuato que data de 1991 de manera ininterrumpida. De un plumazo, necesario y acertado, coloca a Guanajuato como la primera entidad del país en transparentar esos contratos, solicitados por los medios y la sociedad civil, mañosa y abusivamente clasificados como ‘reservados’. No, ya no y los políticos, hasta los azules, han de entenderlo.

El portal ‘Seguridad Abierta’, comunican, “ofrece información sobre cinco contratos suscritos con Seguritech entre 2012 y 2025, con un valor acumulado superior a los 12 mil millones de pesos. No obstante, el valor real debe analizarse en dólares, dado que los equipos tecnológicos son cotizados internacionalmente y no se pagan en moneda extranjera.”

Esto es una locura: 12 mil millones de pesos pagados a Seguritech en un lapso en el que el estado de Guanajuato se bañó en sangre. Primer lugar nacional en asesinatos. Sí, eso ocurrió en los sexenios de  Miguel Márquez y Diego Rodríguez. 12 mil millones de pesos. Hubo de llegar Mauro González Martínez en el mando estatal y Omar García Harfuch en el federal para que esto comience a cambiar. 12 mil millones de pesos al cesto de la basura.

Ahí les va:

Hasta ahora, solo había trascendido una cifra aproximada sobre los contratos firmados durante el sexenio de Miguel Márquez, de 2012 y 2018. De los contratos suscritos en el gobierno de Diego Sinhue no existía información pública disponible, y el contrato más reciente, firmado en 2025 ya en esta administración, había sido inicialmente reservado, hasta que la propia gobernadora García Muñoz Ledo  anunció su apertura.

Bueno, de acuerdo con la plataforma, todos los contratos han sido auditados por la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría ‘de la Honestidad’, sin que se hayan emitido observaciones ni recomendaciones.

Más que cifras: un nuevo estándar de transparencia, escriben. Hm, a ver.

¡YA BASTA!

Centrados en la riqueza malhabida –ni le hagan al cuento, eso es-, del ex gobernador Diego Rodríguez y su vida de revista en ‘el gabacho’, en una de esas perdemos de vista lo importante.

Lo que hace Libia, más allá del asunto de las trapacerías con los contratos a Segurittech, tiene que ver con la transparencia en el manejo del gobierno, en este caso del estado de Guanajuato. Eso es urgente e importante. El paso dado hay que respaldarlo.

Mire usted, luego en el gobierno uno escucha muchas opiniones locuaces. Alguna vez, allá a punto de turrón la primera Ley de Acceso a la Información Pública, alguien sugería que la persona debería explicar, en su solicitud, exactamente qué uso daría a la información concedida. Dije yo que en tanto que su carácter de pú-bli-ca, el ciudadano estaría en su derecho de enmarcarla o utilizarla como papel de baño: es pú-bli-ca-.

En la presentación de la Ley, compartí a una respetabilísima compañera periodista que aquello era un arma de dos filos. Por supuesto que debe estar en la Ley el acceso a la información, para evitar las veleidades de los gobernantes, pero la creación de órganos ‘autónomos’, advertí, corromperían el principio. Eso sucedió. La administración de Claudia Sheinabum ha dado muerte al Inai,  un buen rato gobierno de Guanajuato que bia no tnega nabera de ehcarse para atr debe estar en la ley el aceso a la informaci dey sobran los rasgadores de vestiduras.

Que esos organismos se hayan convertido en agencias de empleo es lo menos interesante –en el consejo del IACIP hubo una diseñadora de cortinas de baño, algo así, ocupación que merece todos mis respetos, pero nada tiene que ver con el concepto en la nómina-, y cobró ahí, no me lo va usted a creer, ¡Alfredo Ling Altamirano!, es en serio, como defensor del acceso a la información pública el operador del atraco empresarial al Partido de Acción Nacional a mitad de los 80’. En Fin.

Decíamos, pues, que la decisión de Libia de transparentar los contratos de Seguritech es, debe ser, mucho más trascendente que eso, hay que traducirlo en un paso decisivo en pro de la transparencia del gobierno y la rendición de cuentas. Ya, carajo. Lo otro no sirve más que para algún escandalito mediático.

Ó’ra nos agarramos de esta y luego que Libia no tenga manera de echarse para atrás.

Además de publicar los montos, fechas y proveedores, ‘Seguridad Abierta’ integra ocho secciones que explican, de forma sencilla, cómo funciona el sistema estatal de tecnologías para la seguridad, desde el acceso a las cámaras públicas hasta la integración de equipos privados, los botones de auxilio, las certificaciones del C5i y la descarga de la aplicación ciudadana de emergencias. Eso es interesante. Supongo.

Nos dicen del gobierno de Guanajuato que con este ejercicio, el estado busca instalar un nuevo estándar de ‘Gobierno Abierto’ en materia de seguridad pública, en contraste con otras entidades donde los contratos con proveedores tecnológicos han estado marcados por la opacidad y la discrecionalidad.

Sí, también aquí un buen rato

Felizmente yo veo a la gobernadora Libia García cada vez más morena, pero han se ser las gafas…

(A)La Jaula

Lucas.

A Trump le preguntan sobre las imágenes de niños muriendo de hambre en Gaza.

Él responde: “La gente está robando la comida. Creo que Irán está actuando de forma extraña… Venezuela está actuando de forma diferente…”

Qué miedo.

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