En el Congreso del Estado de Guanajuato fue presentada una propuesta para modificar el Código Penal y castigar el incumplimiento del pago de pensión alimenticia que fue estipulado en una sentencia o convenio.

El diputado del PAN, Aldo Márquez Becerra habló del derecho a la alimentación como derecho humano. Precisó que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la educación.

Pese a la existencia de leyes en materia del cumplimiento de las obligaciones de alimentos, en la realidad sucede que el deudor alimentario puede dejar de cubrir la pensión alimenticia.

Márquez Becerra comentó que, en el supuesto de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia, el sujeto obligado o el deudor alimentario incurre en mora, vulnerando con ello el derecho a los alimentos de los acreedores alimentarios.

Ante esto, la propuesta contempla incrementar la sanción del tipo penal de uno a cuatro años de prisión y de diez a cien días multa y pago como reparación del daño de los alimentos caídos en términos de la legislación civil, a quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias, total o parcialmente, que fueron estipulados en las sentencias o convenios.

El delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se perseguirá por denuncia, salvo que la persona fuere menor de edad, incapaz, persona con discapacidad, adulto mayor o exista imposibilidad para presentar la denuncia, en ese caso la querella podrá ser formulada por institución de asistencia familiar o de atención a víctimas del delito.

Esta propuesta además indica que se incrementa la sanción de uno a seis años de prisión a quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el propósito de evadir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, para seguir con su análisis en el Congreso de Guanajuato.